Por aparentes irregularidades en contrato de CCSS para que cooperativas administren Ebais, OIJ realiza 28 allanamientos en oficinas y casas de habitación

Agentes de la la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en conjunto con el Ministerio Público están realizando 28 allanamientos este lunes en la sede central y otras oficinas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), casas de habitación y varias cooperativas de salud por un caso de aparentes irregularidades en contrato de la institución para dar la administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) a cooperativas de salud. 

Los allanamientos, según el OIJ, se relacionan a los aparentes delitos de Influencia en Contra de la Hacienda Pública, Tráfico de Influencias y Prevaricato. Las diligencias se realizan en San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Puntarenas, donde los agentes buscan decomisar evidencia de relevancia para esta investigación. 

Entre los investigados se encuentran miembros de la Junta Directiva, según el OIJ. De momento han sido detenidas seis personas, todos "altos funcionarios o exfuncionarios" de la CCSS, según la Fiscalía. Estas son dos mujeres de apellidos Gutiérrez y Rojas, y cuatro hombres de apellidos Quirós, Araya, Gómez y Porras. 

De acuerdo con las autoridades, la investigación dio inicio a principios del 2023, cuando al parecer miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y realizaron un nuevo procedimiento en el que, supuestamente, habrían ejercido controles y aportes "con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo bajo los intereses de varias cooperativas de salud".  

Esto a pesar de que un estudio financiero elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS indicaba que los precios de las ofertas presentadas eran "excesivos", ya que significaban un aumento aproximado del 33%. 

"El monto que se está pagando de más en comparación con el contrato de 2021 es de ₡1.033 millones", afirmó Randall Zúñiga, director del OIJ. 

"Pese a las recomendaciones por parte de la Junta de Adquisiciones de la CCSS de declarar infructuosa dicha contratación, los imputados a sabiendas del perjuicio económico que sufriría la institución, aparentemente procedieron a aprobar dichos contratos y dejaron de lado los criterios técnicos", apuntaron desde el OIJ.

Una vez finalizados los allanamientos, los agentes del OIJ remitirán un informe al Ministerio Público. 

Desde la CCSS, por su parte, dijeron que están "colaborando con las autoridades en todo lo que se requiera" y que "informarán oportunamente sobre lo que corresponda".