Investigación del caso “Barrenador” será asumida en su totalidad por Fiscalía General, confirma Ministerio Público

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) enviará a la Fiscalía General de la República el expediente del caso conocido como "Barrenador" a fin de continuar con la investigación, confirmó este viernes la oficina de prensa del Ministerio Público ante consulta de AmeliaRueda.com.

"Lo anterior por el fuero especial o inmunidad que adquiere la imputada (Marta) Esquivel al asumir como ministra", añadieron desde la Fiscalía.

Ello significa que no solamente será la investigación contra la expresidenta de la CCSS por la presunta adjudicación con sobreprecios de 138 Ebais a cooperativas de salud, sino que, desde el despacho del fiscal general, Carlo Díaz, se continuarán las pesquisas contra todos los involucrados.

"Me parece que lo que está haciendo el Fiscal General es darle prioridad al caso al asumirlo directamente él de manera que no existan expedientes paralelos, y como es el jerarca del Ministerio Público el caso contra un miembro de un Supremo Poder como contra personas que no gocen de ese privilegio", opinó Ewald Acuña, abogado penalista.

Asimismo, el experto en derecho indicó que el Fiscal General pudo haber hecho esta valoración al considerar que la investigación está lo suficientemente orientada para no enfrentar eventuales obstáculos que pudiesen retrasar su curso.

El caso continuaría en manos de Carlo Díaz, incluso luego del 8 de mayo cuando vencerá el nombramiento de Esquivel como miembro del actual Poder Ejecutivo y, por consiguiente, no gozaría de dicho fuero.

De momento, su inmunidad solo podría ser removida por tres cuartas partes de la Asamblea Legislativa en caso de que el Fiscal General presente una acusación formal ante la Sala III y sea puesta en conocimiento de los diputados por parte de la Corte Plena para dar paso a las indagatorias correspondientes.

Para Alejandro Marín, abogado defensor de la directiva María Isabel Camareno, tal acción sería improcedente siendo que la Fiscalía General debe contar con un testimonio de piezas derivado del expediente original para llevar a cabo una investigación individual en contra de Esquivel, indicando además que este procedimiento no tendría por qué ralentizar el proceso de investigación.

Por su parte Sergio Herra, defensor del directivo Zeirith Rojas, indicó que dependerá del Ministerio Público la gestión de los tiempos para el trámite del caso, enfatizando en que el traslado del expediente es un tema "circunstancial" que no obedece a ninguna estrategia por parte de la parte defensora.

El pasado miércoles el presidente de la República, Rodrigo Chaves, juramentó a Esquivel como ministra de Planificación y Política Económica, al tiempo que nombró en la presidencia de la CCSS a Mónica Taylor, ocupando el lugar de Laura Ávila.

En la investigación iniciada por la FAPTA figuran además como sospechosos los directivos María Isabel Camareno, Zeirith Rojas y Johnny Gómez, así como la gerente general de la institución, María de los Ángeles Gutiérrez.

Contra ellos y Esquivel el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública les impuso el pasado 10 de octubre la suspensión de sus cargos por seis meses como medida cautelar, tras acoger la solicitud formulada por la FAPTA.