
El recurrente alegó que hubo “una injerencia ilegítima del Consejo de Gobierno”
13/08/26 | 18:48pm
La Sala Constitucional anuló el rechazo del nombramiento de la exdiputada del Frente Amplio Rocío Alfaro como representante sindical en la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El alto tribunal declaró con lugar un recurso de amparo planteado en contra de la decisión del Poder Ejecutivo.
"El recurrente cuestionó la decisión adoptada por el Consejo de Gobierno el 24 de junio de 2026, mediante la cual se rechazó el nombramiento de Alfaro Molina, quien, según se indicó, había sido electa por mayoría absoluta en la Asamblea del Movimiento Sindical celebrada el 9 de junio de 2026. Para el reclamante, esta medida desconoció la voluntad expresada democráticamente por el movimiento sindical e implicó una injerencia ilegítima del Consejo de Gobierno en la integración de la Junta Directiva de la CCSS, que lesionó a la amparada.
"En la sentencia 2026-031380, por unanimidad, los magistrados anularon el punto i. del acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno en el artículo tres de la sesión ordinaria CG-CERO CERO NUEVE-DOS MIL VEINTISÉIS celebrada el 24 de junio de 2026, que había dispuesto: “i. Rechazar el nombramiento de la señora Rocío Alfaro Molina, cédula de identidad N.º 1-08280886, como representante titular del movimiento sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, para el período 2026-2030", señaló la Sala Constitucional mediante un comunicado de prensa.
La decisión de rechazar el nombramiento consta en la certificación PR-SCG-CERT-0068-2026 del 26 de junio anterior, se trata de un documento emitido por la secretaria del Consejo de Gobierno al Movimiento Sindical.
De acuerdo con la explicación de las autoridades, la decisión se basaba en que Alfaro incumplía los requisitos legales para ocupar el cargo de representante sindical de la Junta Directiva de la CCSS.
"... no demuestra competencia en materias económico- sociales en los términos exigidos por el artículo 7 del inciso a) de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social", señala el documento donde también se mencionaba como impedimento la actividad permanente político partidaria de la exlegisladora.
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