El presidente Rodrigo Chaves incluyó en su propuesta de referendo una serie de reformas a la ley orgánica del ente contralor
05/06/24 | 15:20pm
La contralora general, Marta Acosta, cuestionó las reformas planteadas por el Poder Ejecutivo en su propuesta de referendo presentada al Congreso este miércoles por el propio presidente de la República, Rodrigo Chaves.
La jerarca señaló que este tema requiere de un análisis profundo; sin embargo, adelantó sus primeras impresiones sobre el planteamiento.
"La iniciativa del Poder Ejecutivo se centra, casi por completo, en desmantelar las competencias y funciones constitucionales y legales de la Contraloría General; suprime ámbitos de control y restringe sus funciones sustancialmente en detrimento de la protección de los fondos públicos que le pertenecen a todos los costarricenses", argumentó Acosta.
La contralora aseguró que la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública se verían "seriamente perjudicadas con el cercenamiento de instancias de control vitales en la institucionalidad pública".
Adicionalmente, la jerarca de la CGR criticó nuevamente que el presidente Chaves realice "juicios de valor, falacias e irrespeto" como recurso para atacar a la institución y a ella como cabeza de la misma.
La iniciativa presentada este miércoles por el Poder Ejecutivo, tanto mediante proyecto de ley ante el Congreso como por iniciativa ciudadana ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), plantea modificaciones como al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General para que se lea:
"De conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política es claro que la Contraloría General de la República en el ejercicio de cualquiera de sus funciones, decisiones y actuaciones no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión, ni sustituir las competencias de administración pública activa en sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa, ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la administración pública activa".
Además, establece que cuando la Contraloría abre una investigación esta no podrá suspender la ejecución de actos y contratos del Estado.
Durante la conferencia de prensa posterior a la presentación del proyecto de referendo, el presidente Chaves y la mininistra de Planificación, Laura Fernández, insistieron en que esta iniciativa, en lugar de debilitar, iba a "fortalecer" a la CGR, pero por otro lado, señalaron que permitiría evitar trabas a obras impulsadas por el Gobierno.
Las tensiones entre el Poder Ejecutivo, especialmente por parte del presidente Chaves, y la Contraloría han sido constantes durante la actual administración.
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