Hacienda busca a exfuncionaria a la que le pagaron por error ¢7,8 millones: depósitos se realizaron hace cuatro y cinco años
Depósitos de dinero corresponden a pago de salario durante incapacidades y errores por ciberataque
08/06/26 | 14:10pm
El Ministerio de Hacienda busca por medio del diario oficial La Gaceta a una exfuncionaria de apellidos Pérez Junco, a la cual le pagaron por error ¢7,8 millones, depósitos que se realizaron hace cuatro y cinco años.
Se trata del expediente No. 25-2396, órgano director del procedimiento que avanzó a la etapa de publicación de la exfuncionaria a la cual se llama a presentarse a una comparecencia oral y privada el próximo 22 de julio.
El expediente señala que a la mujer se le depositaron entre 2021 y 2022 más de ¢2,5 millones en salarios que no correspondían por encontrarse incapacitada, el monto del pago indebido de salario es de 45 días.
Además, se menciona el pago de más de ¢5,3 millones por errores provocados por el ciberataque que sufrió el ministerio en el 2022.
En este caso los pagos de salario también se dieron de manera equivocada, estando la mujer incapacitada.
“El monto de ciberataque lo genera el módulo brindado por la Tesorería Nacional, el cual toma el monto pagado vrs las rebajas que se debía rebajar y genera la diferencia para cobro”, menciona el expediente publicado por Hacienda, donde se señala que el ciberataque provocó pagos indebidos por 94 días.
El cobro de la deuda de la exfuncionaria se inició hasta junio del 2025, es decir, cinco y cuatro años después de cometido el error de pago y momento para el cual la mujer ya había presentado su carta de renuncia por pensión (un mes antes).
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Ahora, tras la apertura del proceso y la imposibilidad de notificar a la exfuncionaria involucrada, el Ministerio de Hacienda acude al mecanismo de notificación por medio del diario oficial La Gaceta, proceso con el que pretenden lograr recuperar los montos millonarios pagados por error.
Incapacidades fraudulentas
En el diario oficial La Gaceta también se publicó este lunes otro proceso administrativo que intenta recuperar dineros pagados de manera indebida a funcionarios.
En este caso se trata de un expediente de proceso disciplinario que abrió la Municipalidad de San José contra un funcionario de apellidos Hernández Alfaro a quien se le acusa de haber presentado boletas de incapacidad falsas.
El trabajador del departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Obras, al parecer, modificó incapacidades por riesgos del trabajo y ahora se expone a ser despedido sin responsabilidad patronal por el uso de documento de manera irregular.
Este funcionario también es notificado por La Gaceta sobre la audiencia en la que deberá comparecer por el cobro indebido de más de ¢2,2 millones.
Para la verificación del caso, los funcionarios de la Municipalidad de San José hicieron la comparación de las incapacidades presentadas por el trabajador y las que tenía oficialmente el expediente del Instituto Nacional de Seguros (INS).
“En dicho informe se indica que las incapacidades otorgadas a su persona por parte del INS se extendieron únicamente hasta el 27 de octubre de 2025, señalándose además que las boletas presentadas con posterioridad ‘no son fidedignas’, concluyéndose expresamente que ‘las boletas posteriores a esa fecha son fraudulentas’, según consta en el informe emitido por dicha institución”, menciona la notificación publicada hacia el funcionario.
El reporte del INS señala que el funcionario tuvo 258 días de incapacidad otorgados por un caso de Riesgos del Trabajo que ocurrió en febrero del 2025 y por el cual se le dieron boletas de incapacidad hasta octubre (2025); sin embargo, el funcionario presentó boletas falsas durante cinco meses, extendiéndose de manera irregular su incapacidad hasta marzo anterior.
“… se desprende que aparentemente usted incurrió en falta gravísima contra la relación de empleo que mantiene con la Municipalidad de San José”, menciona el expediente al señalar el informe emitido por el INS y la verificación de que el funcionario presentó boletas de incapacidad que no correspondían para justificar sus ausencias entre octubre del 2025 y marzo anterior.
“Los hechos descritos podrían constituir en apariencia una utilización de documentos fraudulentos para justificar ausencias laborales y obtener beneficios económicos derivados de la relación laboral, lo cual eventualmente podría configurarse una infracción a los deberes funcionales establecidos ene el ordenamiento jurídico aplicable a los funcionarios municipales”, agrega la notificación publicada por la Municipalidad de San José.