Ante eventual resello del proyecto para adelantar jubilación a agentes del OIJ, Gobierno dice que presentará plan para migrar pensiones del Poder Judicial al IVM

La ministra de Planificación y Política Económica, Marta Esquivel, anunció que el Gobierno presentaría un proyecto de ley para liquidar el régimen de pensiones del Poder Judicial y migrar a sus funcionarios al de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Lo anterior ocurriría en caso de que los diputados resellen el proyecto de ley que permite la pensión anticipada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que fue vetado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por razones de conveniencia y constitucionalidad.

"Poder pasar el fondo de pensiones del Poder Judicial al IVM les puede implicar a cada uno de los funcionarios judiciales, que han estado sosteniendo pensiones de lujo y privilegio, aproximadamente un 10% de ahorro en sus salarios", justificó Esquivel.

Asimismo, la expresidenta de la CCSS y el propio Chaves criticaron la aprobación del expediente legislativo No. 22.817, al obviarse, a su juicio, análisis respecto a la sostenibilidad del régimen y estudios actuariales que demostraban el riesgo para el mismo, en caso de avanzar en el Plenario.

En ese orden, se hizo referencia a una reforma del fondo de pensiones del Poder Judicial en el 2017 a fin mejorar su nivel de solvencia, esfuerzo que, según Esquivel, quedó suprimido al aprobarse el expediente en cuestión.

El Ejecutivo sostiene que la inconstitucionalidad del proyecto, presentado por el exdiputado Dragos Dolanescu en el 2021, radica en el roce con el principio de igualdad preservado por la Carta Magna, tanto en perjuicio de otros funcionarios del Poder Judicial, así como de diferentes cuerpos policiales o de atención de emergencias como bomberos o cruzrojistas.

Tras ser vetado por razones de constitucionalidad, el proceso de resello incluirá que los argumentos del Ejecutivo sean analizados por la Comisión de Jurídicos que propondría a los diputados eventuales cambios en el texto.

Asimismo, sería consultado ante la Sala Constitucional. En caso de no determinarse ningún roce constitucional, se devuelve al Poder Ejecutivo para su sanción; caso contrario, volvería a la Asamblea para trasladarse a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad que recomendaría las modificaciones necesarias para eliminar los elementos inconstitucionales.

Finalmente, tendría que ser aprobado en dos debates con 38 votos a favor cada uno.