Preparar subasta de frecuencias de radio y televisión, ordena el Gobierno

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) anunció este miércoles la instrucción a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para que se realice un concurso público para subastar las frecuencias de radio y televisión, por primera vez en la historia, de acuerdo con el Gobierno.

"A partir de la información que remitió la Sutel, con el análisis de las solicitudes individuales de prórroga, así como los dictámenes que contienen los estudios de necesidad y factibilidad, el Poder Ejecutivo realizó una valoración de las concesiones actuales y consideró que promover el concurso público es el mecanismo que garantiza un mejor servicio para los usuarios, fomenta la transparencia y busca asegurar la participación de todos los interesados de forma justa y transparente", afirmó la jerarca del Micitt, Paula Bogantes.

Tal acción debe considerarse en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PPNAF), según lo que dicta la normativa vigente, por lo que la propuesta de reforma a este documento será valorada por el ente rector, a la luz de lo remitido por la Sutel y el refrendo de la Contraloría General de la República.

Mientras este proceso se lleva a cabo, el Poder Ejecutivo también anunció que los actuales concesionarios de frecuencias de radio y televisión abierta tendrán 15 meses más para operar estos bienes del Estado luego de que se ampliara la vigencia de las concesiones, las cuales vencen este viernes.

El decreto que autoriza esta extensión, como medida de carácter excepcional y temporal, entrará a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, previsto para este mismo miércoles, y así evitar un apagón.

Esta acción no sustituye el análisis de cada una de las más de 100 solicitudes hechas por los interesados desde hace 18 meses, las cuales contarán con una resolución final, misma que sería comunicada oportunamente a los interesados.

Un tercer anuncio tiene que ver con la presentación de un proyecto de ley para reformar la Ley de Radiodifusión ante el Congreso, a fin de actualizar el canon anual que pagan actualmente los concesionarios, el cual se calcularía dependiendo del "tamaño" de la empresa interesada.

Según adelantó la ministra Bogantes, actualmente el Impuesto Anual de Radiodifusión se calcula en ¢500 por cada 25 kHz de ancho de banda para FM, televisión y enlaces, y según potencia para AM, con base en la legislación que data de los años 50.

En ese orden, lo que busca el Micitt es establecer un canon actualizado que se ajuste a las condiciones actuales del mercado y promueva la sostenibilidad del sector, el cual sería un porcentaje de las utilidades de cada medio (alrededor del 7 y 8% para televisión y entre 3 y 4% para radio).

El documento será entregado este miércoles al Ministerio de la Presidencia para su remisión por parte de este a la Asamblea Legislativa, a fin de que pudiera ser convocado esta misma semana en sesiones extraordinarias.

Largo camino

En el 2004, al entrar en vigencia la Ley General de Telecomunicaciones como parte del paquete de normativas adjuntas al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los adjudicatarios de frecuencias de radio y televisión firmaron un contrato que les habilitaba por un plazo de 20 años continuar administrando estos bienes demaniales.

Dieciocho meses antes antes de que vencieran los contratos, dichos interesados procedieron a presentar ante el Micitt sus respectivas solicitudes de renovación de estos acuerdos por un plazo de cinco años más, hasta completar los 60 meses que establece la legislación vigente. 

No obstante, la lentitud en la resolución de dichas solicitudes, así como la parálisis temporal que enfrentó la Sutel entre enero y abril del 2024 a causa de no contar con los miembros suficientes en su Consejo Directivo, habría conllevado a un retraso en la resolución de las solicitudes.

En este contexto, una serie de culpabilidades atribuidas por parte del Micitt hacia la Sutel y viceversa surgieron mientras aumentaba la incertidumbre de los empresarios de radio y televisión, quienes, a través de sus cámaras representantes, han manifestado en varias ocasiones carecer de seguridad jurídica por tales circunstancias.

Precisamente, estos últimos se vieron obligados a invertir grandes cantidades de dinero en la transición de la televisión analógica a la tecnología digital, proceso que incluyó a todo el territorio nacional a finales del 2022.