El Gobierno “consideraría seriamente” vetar proyecto para congelar bienes de dudosa procedencia, según Cisneros

En caso de que sea aprobado en segundo debate el proyecto de ley que permitiría al Ministerio Público ordenar a la Jurisdicción Contencioso Administrativa el secuestro de bienes a personas físicas o jurídicas por sospechas de legitimación de capitales sin que medie de antemano una acusación, este podría ser vetado por el Gobierno.

Así lo indicó este martes la jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros, en el programa Nuestra Voz.

"Yo creo que en estos días van a haber conversaciones para ver si lo logramos (retrotraer) y si no yo creo que vamos a perder la votación. Creo que el Poder Ejecutivo consideraría seriamente vetar el proyecto (...) no he hablado con don Rodrigo Chaves, no estoy segura, pero me parece que sí, porque las alertas no solo han llegado a las diferentes bancadas, sino también al Gobierno", dijo Cisneros.

Precisamente el lunes hubo una extensa discusión en torno al proyecto No. 22.834 que absorbió gran parte de la sesión del Plenario a causa de la solicitud de varios recesos para intentar llegar a acuerdos y establecimiento de posiciones por parte de algunas fracciones.

En dos ocasiones se presentaron mociones de orden para que se pospusiera su conocimiento, sin embargo, la mayoría de los legisladores prefirieron dar curso al trámite y aprobarlo finalmente en primer debate con el voto a favor de 25 diputados y 18 en contra.

Estos últimos fueron emitidos por la bancada oficialista (a excepción de Luz Mary Alpízar), así como de los partidos Nueva República (NR) y Liberal Progresista (PLP), además de los socialcristianos Melina Ajoy y Alejandro Pacheco. 

Asimismo, la diputada rojiazul Daniela Rojas confirmó en el espacio radial que tras haber votado a favor en el primer debate, lo haría en contra en el segundo en caso de que no se logre un consenso para enviarlo de nuevo a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para un nuevo análisis.

Este proyecto de ley, presentado por la administración Alvarado Quesada en diciembre del 2021, ya había sido aprobado en primer debate en agosto anterior.

En septiembre, el PLP envió una consulta facultativa a la Sala Constitucional sobre el expediente, determinando los magistrados la existencia de roces constitucionales en el artículo 20, por cuanto no se garantizaba el derecho de defensa ni el debido proceso.

Esto generó un cambio en el texto permitiendo a la persona investigada otorgársele una audiencia para justificar en tres días el origen de sus bienes, punto en el que la jefa del oficialismo afirma no estar de acuerdo.

La discusión en segundo debate del proyecto se fijó para el martes 8 de abril.