Gobierno de Chaves favorece posturas “contrarias a la sostenibilidad” y Costa Rica arriesga su “liderazgo internacional" en materia ambiental, señala Informe Estado de la Nación 2024

En los últimos años, Costa Rica ha comenzado a favorecer posturas "contrarias a la sostenibilidad", con lo que está arriesgando su "liderazgo internacional" en materia de medio ambiente desde hace décadas. Así lo señala el Informe Estado de la Nación 2024, el cual apunta que durante el gobierno de Rodrigo Chaves se han adoptado una serie de decisiones que representan "un giro en la histórica narrativa de sostenibilidad que ha distinguido al país en la arena internacional, y amenazan con revertir logros significativos en la protección de la biodiversidad".

La investigadora Karen Chacón explica que en el país las posturas "antiambientales" no son nuevas y que "algunos sectores" llevan impulsándolas por años. Sin embargo, Chacón asevera que el cambio de autoridades en 2022 "facilitó la adopción de políticas que favorecen el uso regresivo de los recursos naturales". 

El análisis del informe identifica varios ejemplos de este cambio de narrativa, pero hace hincapié en "dos casos relevantes bajo la administración Chaves Robles": la propuesta de reforma al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y la expansión de la capacidad de visitantes en el Parque Nacional Manuel Antonio.

En el primer caso, el gobierno de Chaves presentó el proyecto de ley "Fortalecimiento de Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía" (expediente 23.213), que "eliminaría la obligación de justificar técnicamente las decisiones del Minae" y "reduciría la autonomía" de instituciones como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). 

En el caso del Parque Nacional Manuel Antonio, el Sinac autorizó un aforo de 3.000 visitantes diarios en 2023, a pesar de que "el límite técnico recomendado" era de 1.120 personas. En mayo del mismo año, un fallo constitucional condenó al Estado por exceder la capacidad del parque, limitando el aforo a 1.800 personas.

"Este caso evidencia lo que parece ser una tendencia a imponer el criterio político al técnico, pues no se presentaron justificaciones técnicas que sustenten esta decisión", comentó la investigadora.

Rumbo ambiental del país

A pesar del "cambio en la narrativa ambiental", el Informe también subraya algunos "avances formales" que se han alcanzado durante la actual Administración, como la expansión del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA), que en 2023 abarcó 65.382 hectáreas, "un incremento del 26,8% respecto al año anterior". Los investigadores también destacan la creación del Fondo de Pago por Servicios Ecosistémicos Marino-Costeros, que apoya tanto la conservación marina como a las comunidades pesqueras.

Sin embargo, Chacón advierte que las amenazas a la biodiversidad "aumentan debido a la degradación de ecosistemas, la presión sobre los recursos naturales y la invasión de áreas protegidas". Según datos citados en el Informe, el país perdió 9.003 hectáreas de cobertura arbórea en el último año, un aumento del 5,5% respecto a 2022, y enfrenta riesgos para 402 especies arbóreas nativas amenazadas globalmente.

El informe enfatiza en la necesidad de un "diálogo colectivo sobre el rumbo ambiental del país". Chacón señala que, aunque Costa Rica posee "capacidades institucionales y normativas sólidas", es esencial un abordaje del tema medio ambiental "amplio, transparente y participativo", que dé prioridad al "desarrollo humano y sostenibilidad" como ejes centrales.