Tras habérsele negado permiso en Corte Plena, Gerald Campos abandona el Poder Judicial para seguir ejerciendo como ministro de Justicia

El ministro de Seguridad, Gerald Campos, renunció a su plaza como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para continuar ligado al gabinete del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Así lo hizo saber el jerarca este miércoles en conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno, en donde achacó como una "sacada de clavo" por haber participado de la marcha contra el Fiscal General, Carlo Díaz, o haberse expresado en contra de decisiones emitidas por jueces de ejecución de la pena.

"No me voy a dejar intimidar (...) aquí no privan intereses económicos. Si fuera así, no hubiera venido a Gobierno. El deber de uno es servir al país y no servirse del país. Mi futuro laboral... por lo menos sé que tengo trabajo hasta el 8 de mayo del 2026, y gracias a Dios le decía a don Andrés (ministro de Trabajo), existe el programa 'Brete', pero está en manos de Dios", dijo Campos.

Tras el anuncio de Campos, Chaves aseguró que "yo no tengo la menor duda que esto es una 'sacadota de clavo' del cada día más desprestigiado Poder Judicial, especialmente su Corte Plena".

Tanto el gobernante como el jerarca de Justicia sacaron a colación el caso del actual subdirector del OIJ, Michael Soto, quien durante el Gobierno de Carlos Alvarado fungió como ministro de Seguridad, obteniendo un permiso por parte de los magistrados del Poder Judicial para cumplir con este rol durante la totalidad de la pasada administración.

Argumentos

El permiso solicitado por Campos ante la Corte Plena recibió el beneplácito de 12 de los 22 magistrados presentes, siendo que para seguir en dicho cargo requería de la venia de tres cuartas partes de sus miembros, es decir, 17 votos, según el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Luis Porfirio Sánchez, presidente de la Sala II, señaló como "inadecuadas" las relaciones que pueden presentarse entre la justicia y la política.

Entre tanto, la presidenta de la Sala III, Patricia Solano, estimó de "inconveniente" que funcionarios del Poder Judicial pidan autorización para integrar el Poder Ejecutivo, afirmando que "no deja de ser un problema en cuanto a la politización de las acciones".

Campos había laborado para el Poder Judicial por un periodo de 31 años, según dijo.