Para garantizar derecho a defensa, comisión que investiga la CCSS debe llamar a comparecer a Chaves, señala Servicios Técnicos

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, debe ser llamado a comparecer ante la Comisión Especial Legislativa que investiga preguntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), esto a fin de garantizar su derecho a la defensa en caso de que el informe final emitido por dicho foro haga referencia al mandatario.

Así lo consideró el Departamento de Servicios Técnicos del Parlamento, tras una consulta formulada por la presidenta de la Comisión, Andrea Álvarez, luego de que dos mociones de orden para convocar a Chaves a audiencia han sido rechazadas.

La congresista justificó su consulta tomando como antecedente el informe de mayoría en el marco de la investigación por presuntas estructuras irregulares de financiamiento a favor de los partidos políticos en la campaña electoral del 2022, cuyo informe fue considerado por la Sala Constitucional como una "lesión al derecho de defensa" puesto que Chaves no fue llamado a comparecer.

"Como presidenta de la Comisión, es mi deber actuar en estricto apego al debido proceso y garantizar a todas las personas comparecientes su derecho de defensa (...). Esto incluye al Presidente de la República, porque en efecto, su injerencia en la CCSS ha provocado problemas en la gobernanza y gestión de la institución y debe rendir cuentas sobre ello", dijo Álvarez.

En el oficio AL-DEST-CJU-050-2025 del pasado 10 de junio, Servicios Técnicos respondió a Álvarez que "no convocar al Presidente de la República por parte de la Comisión Especial Investigadora, si pretende hacer referencia al mismo en los hallazgos, conclusiones y/o recomendaciones del informe que deberá presentar ante el Plenario Legislativo, sería violatorio de su derecho de defensa".

Aclara además que la vía procesal para este efecto es a través de una moción aprobada por la mayoría de los diputados de la comisión, que fundamente la necesidad de citar al Presidente "en atención a que su nombre ha sido involucrado por otros testigos (...)".

Asimismo, evidencia el informe de Servicios Técnicos que la competencia de convocar al gobernante no vulnera el principio de separación de poderes, siempre que se ejerza con respeto a los derechos fundamentales.

"Me es indiferente, es ir a perder el tiempo porque esa no es una Comisión que quiera producir nada. Es mi tiempo y el de los diputados, pero a mí me pagan para hacer lo que tenga que hacer", expresó Chaves tras la convocatoria aprobada en marzo y dejada sin efecto en mayo pasado por mayoría.

Tanto esa moción como otra presentada en noviembre pasado, que corrió con la misma suerte, fueron presentadas por la diputada del Partido Frente Amplio, Rocío Alfaro.

La comisión conformada bajo el expediente legislativo No. 24.617 tuvo su origen a raíz de las investigaciones judiciales por el llamado caso "barrenador", en el cual el Ministerio Público investiga un presunto sobreprecio autorizado por la Junta Directiva de la CCSS a fin de dar en concesión Ebais a cooperativas de salud.

Entre las personas investigadas figuran la exjerarca de la institución y actual ministra de Planificación y Política Económica, Marta Esquivel.