
Consuelo Porras intentó impedir la posesión del presidente Bernardo Arévalo y ha abierto causas contra periodistas, líderes comunitarios, exfiscales y jueces antimafia
AFP
06/02/26 | 14:30pm
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, a quien Estados Unidos y la Unión Europea (UE) sancionaron por presunta corrupción, se postuló este viernes para integrar la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país.
Porras intentó impedir la posesión del presidente Bernardo Arévalo hace dos años y ha abierto causas contra periodistas, líderes comunitarios, exfiscales y jueces antimafia, muchos de ellos forzados al exilio.
La funcionaria, cuya gestión finalizará el 13 de mayo, presentó la documentación para ser designada como magistrada por la estatal Universidad de San Carlos (Usac).
La Usac tiene derecho a nombrar a uno de los cinco jueces titulares de la Corte, así como a un suplente.
Porras, de 72 años, es acusada por Arévalo de formar parte de un "pacto político-criminal" para desestabilizarlo, lo cual niega la funcionaria.
El mandatario vinculó esa supuesta trama con el asesinato de once policías a manos de pandilleros, durante una serie de ataques el pasado 18 de enero, debido a lo cual declaró el "estado de sitio" por un mes.
A raíz de las actuaciones contra críticos de su gestión, la fiscal fue incluida por Estados Unidos en el listado de individuos corruptos de Centroamérica. La UE, por su parte, la sancionó por socavar la democracia.
En su motivación para ser magistrada, Porras dijo que quiere garantizar la "correcta aplicación de la ley" y servir de "forma transparente, honrada y principalmente profesional".
Aunque la fiscal siempre afirma que actúa con apego a las leyes, sectores judiciales, académicos, campesinos e indígenas la acusan de formar parte de un "pacto de corruptos" que tiene cooptada la justicia.
Además de la Corte de Constitucionalidad, Guatemala renovará este año a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, un proceso que contará con observadores internacionales.
Los demás miembros del tribunal garante de la Carta Magna son designados por los tres poderes públicos y por el gremio de jueces y notarios, y asumirán en abril.
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