Femicidios y trata de personas deberían también considerarse en reforma para extraditar nacionales, según fiscal

Ampliar los delitos, más allá de narcotráfico y terrorismo, en el proyecto de ley para reformar la Constitución Política referente a extradición de costarricenses es una de las recomendaciones que planteó este lunes Elías Carranza, fiscal de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) del Ministerio Público, ante la Comisión legislativa que discute el avance de este expediente.

Crímenes de gravedad como homicidios, femicidios y trata de personas deberían estar contenidos en el texto que se estaría discutiendo próximamente en el Plenario, de acuerdo con el experto.

Asimismo, Carranza advirtió que, respecto a la definición de terrorismo, la misma está conceptualizada bajo parámetros establecidos por organismos internacionales de los que Costa Rica forma parte, razón por la cual este delito no podría ser justificado en virtud de razones políticas, esto respondiendo ante una inquietud del diputado Eli Feinzaig.

Por otra parte, el funcionario judicial reafirmó que es necesaria una reforma constitucional para fines de extradición de costarricenses, con la salvedad de salvaguardar derechos humanos básicos como el compromiso de los Estados receptores de no castigar a los imputados de origen nacional con pena de muerte o cadena perpetua, condenas no contempladas en el Código Penal costarricense.

Previamente, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, quien también compareció este lunes en dicho foro, enfatizó en que no hay relación entre los términos que definen la extradición y la expulsión arbitraria de nacionales, esta última invalidada por la Constitución y, por consecuencia, no considerada en el proyecto que se analiza.

En mayo anterior el Congreso admitió para estudio esta iniciativa, esto luego de la solicitud de diferentes países como Nicaragua y Panamá para procesar a nacionales en dichos territorios, según confirmó el fiscal.

Actualmente, 84 costarricenses cuentan con notificación roja por requerimiento de la justicia de otros Estados, según datos oficiales de la Policía Internacional (Interpol), compartió Carranza, atribuyéndoseles delitos como robo, violación, estafas, conspiración, homicidio, legitimación de capitales, entre otros.

Países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia ya han aprobado este tipo de reformas.