Falta de controles convierte a subastas ganaderas en “mecanismo predilecto” para el lavado de dinero, señala director del ICD

La ausencia de controles en las subastas ganaderas las ha convertido en un “mecanismo predilecto” para el lavado de dinero por parte del crimen organizado, advirtió el director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Fernando Ramírez.

Según el jerarca, el Poder Ejecutivo trabaja actualmente en la redacción de un nuevo proyecto de ley que busca establecer registros obligatorios en este tipo de actividades comerciales, con el fin de cerrar la puerta a operaciones ilícitas.

Este sería el segundo intento de la Administración por regular el tema, luego de que una propuesta anterior enviada al Congreso fuera archivada por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Ramírez subrayó la urgencia de aprobar controles, ya que el decomiso de ganado vinculado a estructuras criminales ha ido en aumento desde el 2019.

“La ganadería presenta todo un vacío legal porque, precisamente, las transacciones se realizan en el momento, el dinero en efectivo, usted no tiene que identificarse; sencillamente usted va a la subasta, puja por X o Y cabeza de ganado y, sencillamente, paga y se lo traer y lo lleva a su finca, por pone a engordar y meses después lo vuelve a vender en una subasta ganadera”, explicó el director del ICD. 

La informalidad de la actividad es lo que la convierte atractiva para los grupos organizados y por esa razón desde el Ejecutivo se promueve la implementación de controles. 

“Está situación ha generado que sea un mecanismo o una metodología predilecta por parte de las organizaciones criminales para lavar activos, por eso, el Poder Ejecutivo en su momento había presentado un proyecto de ley para convertir a las subastas ganaderas en sujetos obligados y, de esta forma, que las subastas ganaderas conocieran a sus clientes, hicieran una debida diligencia y, además, realizar reportes de operaciones sospechosas de cuando una persona que no es conocida, por ejemplo, en el mundo de la ganadería, de un pronto a otro llegaba y compraba ¢50 millones en ganado. 

“Esos reportes de operaciones sospechosas serían relevantes para nuestra unidad de inteligencia financiera y, asimismo, para el Ministerio Pública en cuanto al inicio de procesos por legitimación de capitales o capitales emergentes”, declaró Ramírez. 

Fernando Ramírez – director del ICD

Para Ramírez el archivo del proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo para controlar la actividad en las subastas ganaderas se dio “sin razón alguna” y por eso insistirán sobre la necesidad de implementar la regulación o registro. 

De acuerdo con los datos Organismo de Investigación Judicial (OIJ) entre 2019 y 2024 se han decomisado más de 3.700 cabezas de ganado a grupos criminales, las cuales se pueden valorar en ¢2.084 millones. 

Cambios

Los controles en las subastas ganaderas no es el único cambio que requiere el país para mejorar el control y disposición de los bienes que se decomisan al narcotráfico o crimen organizado. 

El director del ICD manifestó que también hay modificaciones a la ley necesarios para disponer de bienes que generan gastos en su mantenimiento, por ejemplo, la casa de Alejandro Jiménez González, conocido como el Palidejo, la cual fue valorada años atrás en ¢314 millones. 

Sobre este caso, Ramírez explicó que no fue posible su venta en subastas realizadas años atrás cuando el bien era parte de un expediente judicial por legitimación de capitales. 

Ahora, este delito prescribió y el caso paso a tramitarse como capitales emergentes, lo cual impide la venta de la propiedad hasta que no se resuelva el expediente. 

El director del ICD dijo que para este tipo de casos es necesario reformar la ley y permitir la venta con anotación registral y, eventualmente, indemnizar al propietario en caso de que un juez llegue a determinar que no correspondía el decomiso. 

El motel Infinity, ubicado en Alajuela, decomisado a una banda criminal desde 2021, representa otro caso de complejidad para las autoridades. 

La infraestructura valorada en $6 millones por sus costos detalles en mármol y granito provocan una gran dificultad en su venta y, a su vez, representa un gasto anual de más de ¢40 millones en su mantenimiento. 

Ramírez explicó que la ley autoriza dar estos bienes en préstamo, pero que, para su uso por una entidad del Estado o instituciones sin fines de lucro, se establece que deben darle mantenimiento, lo cual representaría un alto costo.