El Salvador y España rechazaron extradiciones de sus ciudadanos desde Costa Rica por “falta de reciprocidad"

En los últimos meses, El Salvador y España rechazaron solicitudes de extradición de ciudadanos de estos países que fueron detenidos en Costa Rica. Esto debido a la "falta de reciprocidad", de acuerdo con Elías Carranza, fiscal auxiliar de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público. 

Según explicó Carranza, este principio de reciprocidad se refiere a que, a la hora de recibir a ciudadanos extraditados, los países toman en cuenta si la nación que los expulsa también recibiría a sus propios nacionales. Como Costa Rica no recibe ciudadanos extraditados, El Salvador y España optaron por rechazar la solicitud. 

En el caso de El Salvador, se trataba de dos extradiciones por casos de estafa. Al ciudadano español, por el otro lado, se le atribuía el delito de tráfico de drogas. En ambos casos, según el fiscal, todo iba bien hasta que los países consultaron sobre la reciprocidad. 

En ese sentido, Carranza considera que la propuesta de reforma constitucional que busca permitir la extradición de ciudadanos costarricenses es "importante" porque funcionaría "en ambas vías". Así, el país tendría "mayor probabilidad de éxito" cuando busque expulsar a extranjeros acusados de delitos. 

Para el fiscal, estas son medidas que reducirían la impunidad: "Los tiempos han cambiado. Estamos en una globalización que abarca el delito y esto amerita replantearse ciertas cosas y empezar a abrirse".

El proyecto de ley de ley 23.701 propone cambiar el Artículo 32 de la Constitución Política para permitir la extradición de nacionales cuando sean requeridos por otros países por los delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo. Este artículo de la Carta Magna prohíbe que un ciudadano sea "compelido a abandonar el territorio nacional". 

La iniciativa de reforma constitucional fue anunciada por el presidente Rodrigo Chaves el pasado abril como parte de una batería de proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo para frenar la inseguridad y delincuencia en el país. 

Este lunes, la Corte Plena aprobó de forma unánime un informe sobre este proyecto al considerar que la ley no crearía nueva funciones para el Poder Judicial.

Abarcar más delitos

El fiscal Carranza, quien compareció este lunes ante la Asamblea Legislativa para dar criterio sobre proyecto de ley, considera que este será "una herramienta en la lucha contra la impunidad". Sin embargo, también cree que los delitos que abarcaría "no son suficientes". 

"Hay muchos otros delitos que son de suma gravedad y no están siendo abarcados. Si se está haciendo este esfuerzo creemos que se debería abrir para los delitos más graves", señaló el fiscal. Para Carranza, se deberían añadir ofensas como homicidio, femicidio, sicariato, violaciones calificadas, trata de personas y tráfico de migrantes. 

Con respecto a las preocupaciones sobre los derechos fundamentales, el fiscal garantizó que el debido proceso será respetado: "Un Tribunal Penal recibirá cada caso y que las sentencias serán apelables en la Sala Constitucional". 

84 costarricenses en "lista roja" de la Interpol

Carranza detalló que actualmente hay 84 costarricenses con una "notificación roja" en el sistema de la Interpol. Esto significa que un país solicitó que se generara una alerta porque un nacional es requerido para un proceso penal.  

Estos 84 costarricenses son buscados por los delitos de violación, robo, conspiración, tráfico de drogas, estafa, homicidio y legitimación de capitales. Muchos de estos delitos no están abarcado por la propuesta de reforma actual. 

En Costa Rica, ahora hay 15 extranjeros detenidos esperando si se concede o no su extradición. La semana pasada, informó Carranza, se entregó uno requerido por lesiones graves al gobierno canadiense y otro requerido por homicidio calificado al gobierno ecuatoriano.