EBI inicia proceso de arbitraje contra Costa Rica por freno a relleno sanitario en Turrúcares de Alajuela

La empresa EBI, dedicada al manejo de residuos, inició un proceso de arbitraje internacional contra el Estado costarricense, en relación con los obstáculos para desarrollar un proyecto de relleno sanitario en Turrúcares, Alajuela.

“En nuestra opinión, en Costa Rica existen normas que protegen a los inversionistas, pero no ha existido un trato justo ni equitativo para el proyecto. La ejecución de medidas administrativas ha lesionado directamente nuestros derechos patrimoniales, sin observar los principios de legalidad, razonabilidad y debido proceso. Por estas razones hemos iniciado un proceso de arbitraje para defender nuestros intereses”, indicó este jueves la compañía a AmeliaRueda.com por medio de su oficina de prensa.

Aseguran que pese a que adquirieron las fincas para el desarrollo del proyecto desde el año 2012 no han podido desarrollar el plan y sólo han podido realizar labores de mantenimiento en los terrenos.

“Lo que ha impedido avanzar con el proyecto son dos procesos de lesividad que ha interpuesto la Municipalidad de Alajuela para anular los usos de suelo que ya habían sido otorgados a esas fincas por la misma administración. Además, en los últimos años, esa municipalidad emitió cuatro acuerdos indicando, sin fundamento alguno, que no permitiría la aprobación del permiso constructivo y a pesar de que esos acuerdos fueron impugnados por la empresa, desde el año 2023 se ha negado a resolver los recursos a pesar de existir una orden de un Tribunal”, manifestaron en la empresa.

Por su parte, el Gobierno de la República confirmó a AmeliaRueda.com que ya recibió la “intención de demanda” por parte de las empresas involucradas en el desarrollo del plan, las cuales reclaman por los inconvenientes registrados en el proceso y que a la fecha han impedido avanzar con el proyecto. 

“Lo que el Gobierno recibió fue una notificación de intención de demanda, que se prevé en los tratados de inversión, y que da inicio a un diálogo formal entre el Estado y el inversionista, lo cual es una práctica usual en los procesos de arbitraje y tiene el objetivo de buscar soluciones – si fueran jurídica y técnicamente posibles - a la diferencia planteada. 

“Esta notificación, relacionada a las empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. y Bajo Pita S.A, no incluye un monto aproximado de la indemnización que podrían reclamar las empresas si éstas decidieran formalizar el arbitraje”, respondió el Ministerio de Comercio Exterior ante la consulta de este medio.

Indemnización 

Aunque la demanda formal aún no se interpone, desde el Gobierno anunciaron que el país se expone al pago de una indemnización millonaria al impedir el avance del proyecto. 

Así lo manifestó el presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante una entrevista en Canal 8 el pasado 3 de junio. “Nos están metiendo en un litigio internacional en el que Costa Rica podría tener que pagar 100 millones, 50 millones, ciertamente, $5 millones, en defensa de un litigio ante al CIADI en Washington, de una empresa porque la alcaldía de Alajuela le está violando los contratos y ¿sabe quién va a pagar? Usted del presupuesto nacional porque la alcaldía de Alajuela se lava las manos”, dijo Chaves. 

Sin dar mayor detalle sobre proceso y sin explicar cuál es la base que toma como referencia para dar los montos de la posible indemnización, el mandatario se refirió al proceso que demanda internacional que inicia en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 

Reacción

Ante las declaraciones del mandatario, la reacción del alcalde de Alajuela no se hizo esperar y aseguró en redes sociales que el proyecto de construcción del relleno sanitario en Turrúcares está judicializado y agregó que desde la municipalidad “están del lado correcto”, del “lado de su gente”. 

“Como ya le expliqué tanto al presidente como al ministro de Comercio Exterior, este es un tema que viene de años atrás y que actualmente se encuentra judicializado. Las decisiones al respecto fueron tomadas en la administración anterior por el órgano competente, el Concejo Municipal. 

“Pese a ello, hemos reiterado nuestra total disposición para participar efectivamente en la defensa de las actuaciones tanto de la municipalidad, como del país, siempre en apego al marco jurídico vigente. Esa coherencia institucional no debería sorprender a nadie”, manifestó Thompson al agregar que “seguiremos firmes junto al pueblo de Alajuela y especialmente de la comunidad de Turrúcares en la defensa de su salud, de su entorno y de su derecho a ser escuchado”.

(Vecinos de Turrúcares y comunidades cercanas colocaron rótulos donde muestran su oposición al proyecto. Fotografía: Cortesía). 

Proceso

La construcción del relleno sanitario en Turrúcares de Alajuela como opción a la falta de espacios para el tratamiento de los residuos sólidos es una propuesta que se gestiona desde hace más de 15 años. 

De acuerdo con los datos, los permisos para el uso de suelo necesarios para la ejecución del proyecto los recibió la empresa a cargo desde el año 2011; sin embargo, este trámite también fue punto de cuestionamiento, ya que los vecinos de Turrúcares denuncian que se otorgaron en tiempo récord, en un plazo de 24 horas, y sin los estudios requeridos. 

Con el paso de los años, la oposición de la comunidad al proyecto aumentó y recibió el respaldo municipal con diversos procesos internos y reclamos ante el Tribunal Contencioso Administrativo; el último se recibió a principios del 2024 y está en trámite. 

El ayuntamiento pidió en instancia judicial anular los permisos de uso de suelo otorgados a las empresas a cargo del plan, argumenta que existe una prohibición para desarrollar proyectos de este tipo en la zona, tomando como referencia el plan regulador. 

Oposición

La oposición del municipio es eco de la opinión de los vecinos, quienes incluso esta semana reiteraron su posición sobre el proyecto tras escuchar al presidente Chaves mencionar el tema y el posible arbitraje internacional. 

“En Turrúcares no vamos a aceptar nunca el basurero, nunca lo vamos a aceptar; ni basurero, ni relleno sanitario, ni nada. Todo lo contrario, estamos de la mano y de lleno con la Municipalidad”, dijo el líder de la comunidad, Rafael Arroyo. 

Por su parte, el abogado de los vecinos, en representación de las asociaciones de desarrollo de la zona, Álvaro Sagot, explicó a AmeliaRueda.com que la lucha se basa en el respeto al plan regulador, tomando en cuenta que los permisos de uso de suelo otorgados con contrarios a la ley y por eso, a la fecha, se mantienen dos procesos de lesividad en los cuales la empresa es parte y apenas están en el proceso de análisis inicial.

“Me sorprende grandemente que salga el presidente diciendo que ahora el país se expone a un arbitraje internacional donde él mismo señala que va desde los ¢50 millones y hasta los ¢100 millones de indemnización. ¿Por qué me sorprende? Porque uno de los requisitos fundamentales para cubrir un arbitraje internacional es haber agotado todas las instancias nacionales desde el punto de vista administrativo y judicial y que el Estado haya cerrado toda posibilidad”, dijo Sagot al explicar que eso no ha ocurrido con este caso porque los procesos siguen activos e incluso, desde la Municipalidad se ha manifestado la intención de indemnizar a la empresa.

Álvaro Sagot – abogado de la comunidad

El abogado ambientalista manifestó que la posición de la comunidad es clara y no permitirán el ingreso de camiones de basura al proyecto de EBI en Turrúcares.