Dudas rodean posible resello legislativo a plan de pensión anticipada para agentes del OIJ

Tras los argumentos de conveniencia y constitucionalidad esgrimidos por el Poder Ejecutivo para vetar el proyecto de ley No. 22.817 para permitir a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pensionarse a los 55 años, representantes de diversas bancadas estudian conversar con distintos "actores" antes de establecer una posición definitiva.

En el caso de la Unidad Social Cristiana (PUSC), esta fracción de momento carece de una posición para resellar o no el proyecto, no obstante, se programarán reuniones reunirá con personeros del Poder Judicial, así como se hará una revisión exhaustiva de los estudios actuariales que sustentaron el proyecto a fin de contar con mayores criterios de juicio.

"Hay mucha gente con los que nos tenemos que reunir para ver si hay nuevos elementos que nos ayuden a cambiar el criterio si tenemos que cambiarlo", indicó Alejandro Pacheco, jefe de los rojiazules este lunes en el programa Nuestra Voz; añadiendo incluso que el tema será discutido con el candidato presidencial del PUSC, Juan Carlos Hidalgo.

Gilberto Campos, líder de la fracción del partido Liberal Progresista, señaló que tomarán el documento aportado por el Ejecutivo para justificar su veto a la iniciativa, sí como la conversación con "diversos actores" y el propio estudio actuarial en el que se apoya el expediente.

"Estamos haciendo la revisión de los argumentos de constitucionalidad que fueron esbozados. Los estudios actuariales son complejos y tenemos que ver si lo que están diciendo verdaderamente generan el impacto que están diciendo, o si, hay una consideración adicional que haya que tomar en cuenta para variar o no una posición", dijo Campos.

Fabricio Alvarado, jefe de fracción de Nueva República, indicó que se apegarán al reglamento legislativo que norma respecto al trámite de este tipo de veto.

"Lo que corresponde, al haber sido presentado por el presidente de la República un veto cuyo documento supera las 300 páginas, lo responsable es revisarlo, revisar los estudios actuariales y fundamentados en eso tomar una determinación", indicó Alvarado.

Andrea Álvarez, diputada del partido Liberación Nacional (PLN) defendió los elementos técnicos que para ella dan legitimidad al contenido del proyecto, no obstante, coincidió en que la fracción será respetuosa del criterio de la Sala IV, previo análisis de la Comisión de Jurídicos, respecto a la eventual presencia de roces de inconstitucionalidad en el texto.

El miércoles pasado el Gobierno confirmó la posibilidad de presentar un proyecto de ley que liquide el régimen de pensiones del Poder Judicial, con la pretensión de que este sea absorbido por el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

"Poder pasar el fondo de pensiones del Poder Judicial al IVM les puede implicar a cada uno de los funcionarios judiciales, que han estado sosteniendo pensiones de lujo y privilegio, aproximadamente un 10% de ahorro en sus salarios", dijo la ministra de Planificación, Marta Esquivel en la conferencia de prensa semanal previo al Consejo de Gobierno,

En caso de avanzar en el Plenario, el texto tendría que ser dos veces votado con el sufragio afirmativo de 38 diputados. Asimismo, para que se conociese su resello en el Plenario tendría que ser convocado por el Gobierno al encontrarse la Asamblea Legislativa en período de sesiones extraordinarias.