Normativa fue publicada desde agosto del 2021
10/03/25 | 11:25am
El Ministerio de Educación Pública (MEP) tendrá dos meses para reglamentar la ley No. 9999, Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos del sistema educativo costarricense", luego de que la Sala Constitucional declarara parcialmente con lugar recurso de amparo y resolviera sobre el mismo el pasado 7 de febrero.
De acuerdo con los alegatos de la persona recurrente, la ley fue aprobada desde el 19 de agosto del 2021 y publicada en La Gaceta cinco días después, siendo que a la fecha de la interposición del recurso en octubre del 2024 no se tenía por reglamentada dicha norma.
Asimismo, hace referencia a un proceso interpuesto ante la Defensoría de los Habitantes en el que figura como actor, institución que emitió en febrero del año anterior una serie de recomendaciones dirigidas al MEP, no obstante, estas no han sido cumplidas.
Tal circunstancia afecta a las personas menores de edad víctimas en los procedimientos disciplinarios que regula la normativa, resultando a su vez lesiva de derechos fundamentales.
La resolución 2025-003684 se suma a otras emitidas por este órgano judicial que ha dictado jurisprudencia a causa de dilaciones en la generación de reglamentos a leyes por parte del Gobierno.
Precisamente, días atrás el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció el veto al expediente legislativo No. 23.192, Ley para garantizar la reglamentación de las leyes por parte del Poder Ejecutivo, impulsado por la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Daniela Rojas.
La justificación de Zapote para devolver a la Asamblea Legislativa este proyecto se basó en un "yerro insalvable en el procedimiento legislativo", ya que no fue consultado con instituciones autónomas, municipalidades y la Corte Suprema de Justicia.
El proyecto de ley contempla sanciones entre uno a tres años en el ejercicio de funciones públicas a jerarcas que incumplieran con los plazos estipulados para la reglamentación de las respectivas leyes.
De momento las jefaturas de fracción no han definido cuándo se conocerá en el plenario dicho veto.
Fuente: SCIJ, Procuraduría General de la República
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