Disminuir “tamaño” del Estado propone Rodrigo Arias para mejorar economía del país y no sacrificar programas sociales

La apuesta por un Estado más eficiente, sin duplicidad de funciones en entidades públicas, podría ser una de las soluciones para que el país alcance niveles económicos mayormente positivos, sin reducir el presupuesto a programas sociales.

Esa visión fue parte de las declaraciones que externó el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, este lunes, tras una reunión sostenida con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Recuerdo cuando la ministra (Laura Fernández) asistió a una sesión de la Comisión de Reforma de Estado y traía una manta con todas las instituciones que hay en el país, y llegaban a más de 130, y ahí están, y el Gobierno sigue con ese archipiélago de islas trabajando y no se ha logrado presentar un proyecto integral para reformar esto", aseveró el diputado.

La preocupación de Arias radica en que para el FMI la apuesta debe ser bajar la deuda hasta en un 60% del Producto Interno Bruto (PIB), antes de que pensar en fortalecer la inversión en áreas como educación, infraestructura y el campo social.

En ese sentido, el presidente del Congreso afirmó que hizo ver a la delegación que se requiere un análisis de las políticas macroeconómicas en el contexto de un balance que no afecte a las clases más vulnerables.

"Llegamos a tocar el tema de que, si el país está logrando un ajuste macroeconómico, que no sea a base de sacrificar la inversión social como sentimos que se ha hecho hasta el momento", dijo Arias.

Sobre este tema, han surgido varios debates en la Asamblea Legislativa en torno a temas como recortes presupuestarios para educación, así como la infructuosa intención del Gobierno de limitar a las asociaciones de desarrollo el acceso a más de ¢3 mil millones para compensar el aumento salarial ofrecido a los policías.

Así también, parte del escrutinio de los diputados a las pretensiones del Ejecutivo radicará en vigilar los nuevos préstamos que se gestionen ante el Parlamento a fin de que tales recursos sean invertidos en obra pública, y no en financiar el gasto corriente como pagos de salarios de burócratas, entre otros.