Desde directivos de instituciones estatales hasta gerentes médicos entre 15 sancionados por beligerancia política desde el 2003

Desde directivos de instituciones estatales hasta gerentes médicos figuran dentro de las 15 sanciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) durante los últimos 20 años. 

La información fue compartida por el órgano electoral a solicitud de AmeliaRueda.com con el fin de ver el comportamiento de las limitaciones a la participación política a quienes ostentan cargos públicos. 

El tema cobró relevancia luego de que el presidente de la República Rodrigo Chaves fuera señalado por presunta beligerancia política el pasado 4 de agosto, mientras estaba en Naranjo en horas laborales y tras participar de una reunión con los vecinos sobre el avance de la carretera a San Carlos usó sus redes sociales para hacer comentarios referentes al proceso municipal de 2024 en la Municipalidad de Goicoechea.

El artículo 146 del Código Electoral establece las prohibiciones a un grupo de empleados públicos en cuanto a la posibilidad de dedicarse a labores o discusiones de índole político-electoral durante las horas laborales y usar su cargo para beneficiar un partido político. 

Tienen esa limitación el presidente o vicepresidentes de la República, ministros, viceministros, miembros activos del servicio exterior, el contralor y procurador general y adjunto de la República, representantes de Juntas Directivas, directores ejecutivos, gerentes y subgerentes de instituciones autónomas, autoridades policiales, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), magistrados de la Corte Suprema de Justicia y funcionarios del TSE, entre otros.

Sancionados 

La primera beligerancia política que se encuentra en los registros del TSE ocurrió con el entonces gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Fernado Ferrero Dobles, quien por medio de la resolución 3085-E-2003 fue inhabilitado por dos años para ejercer cargos públicos. 

En la resolución 3085-E-2003 del 9 de diciembre de 2003 se citó que Ferrero "participó activamente en política como contribuyente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)" e incluso se apersonó al sitio de celebración del entonces candidato Abel Pacheco cuando ganó la presidencia de la República en abril de 2002.

Por medio de la resolución N.º 871-E-2004 del 13 de abril de 2004, se procedió a la destitución de Ricardo Monge González como miembro de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica tras una denuncia interpuesta por el exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Luis Gerardo Villanueva Monge por depositar $500 en cuentas del PUSC en marzo de 2002, periodo en que ejerció el cargo y se desarrollaba la campaña de Pacheco. 

El mismo Villanueva Monge denunció al entonces directivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), Daniel Aguilar González el 24 de octubre de 2003, por la contribución de $2.500 al Comité de Finanzas de la campaña del PUSC. Por medio de la resolución 1284-E-2004 del 25 de mayo de 2004 fue destituido por dos años a ejercer cargos públicos.

En la resolución 4934-E6-2011 del 25 de septiembre de 2011, el TSE destituyó a Carmen Quesada Santamaría como miembro de la Junta Directiva de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y la inhabilitó por dos años. El exdiputado del PUSC Walter Céspedes la denunció por realizar "proselitismo político en favor del partido Movimiento Libertario" durante los carnavales de Limón en 2010, en pleno desarrollo de la campaña municipal.

Por medio de la sentencia 223-E6-2012 del 12 de enero de 2012, se inhabilitó a María Alexandra Meléndez como integrante del Consejo Directivo de la Editorial Costa Rica. El entonces presidente del Comité Ejecutivo Cantonal del PLN Escazú, Juan José Rímolo, la acusó por participar en el proceso de elecciones internas en la Asamblea Cantonal de julio de 2010, siendo electa delegada. 

Más resoluciones 

En la resolución 4686-E6-2012 del 21 de enero de 2012 se inhabilitó a la regidora de Belén María de los Ángeles Segura Rodríguez tras una denuncia por "remitir a los correos institucionales de varios funcionarios de la Municipalidad propaganda política en favor del candidato a alcalde de ese cantón por el PLN".

Por medio de la sentencia 5225-E6-2013 del 29 de noviembre de 2013 se destituyó a Ignacio Carrillo Pérez como director ejecutivo de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur) tras su participación como candidato a delegado por el distrito de Canoas en Corredores de Puntarenas en las elecciones distritales del PLN.

En la resolución 1661-E6-2014 del 15 de mayo de 2014 se inhabilitó del cargo a la directora del Instituto Nacional de Desarrrollo Rural (Inder) Marta Campos Méndez por ejercer su voto en las elecciones internas verdiblancas del 21 de abril de 2013. La denuncia fue hecha por el ex diputado del PUSC Walter Céspedes. 

La auditora interna de la Municipalidad de San Mateo Adriana Karlina Lizano Villarreal fue destituda e inhabilitada por dos años tras la resolución 4110-E6-2014 del 13 de octubre de 2014, por encontrarse responsable de haber participado de las elecciones internas del PLN en abril de 2013. En esta oportunidad fue la Contraloría General de la República (CGR) quien formuló la denuncia. 

En la resolución 4298-E6-2015 del 11 de agosto de 2015, el TSE destituyó al director General de la Dirección de Entidades Autorizadas del BANHVI Alejandro Bejarano Castillo por "participar en una actividad partidaria del Movimiento Libertario" y por "colaborar en la formulación del plan de gobierno del PUSC en 2014". 

La beligerancia política le pasó factura al vicealcalde de Quepos Víctor Manuel Aguilar Vindas a la inhabilitación por dos años por encabezar la papeleta distrital en Aguirre mientras fungía como policía municipal, según consta la resolución 5460-E6-2015. 

Juan Luis Rivera, letrado TSE 

Más recientes 

El exregidor Hans Corrales Morales fue destituido a ocupar el cargo luego de que al momento de su postulación al cargo popular fungió como directivo del Banco Popular, lo cual "se encontraba afecto al régimen de prohibición absoluta de la participación política", según la resolución 7701-E6-2015.

La exauditora del Ministerio de Educación Pública (MEP) se encontraba en funciones cuando se postuló como vicealcaldesa en Grecia pese a estar en prohibición, según el TSE en la resolución 1377-E6-2018 del 22 de enero de 2018. 

El ahora director de la Fuerza Pública Marlon Cubillo denunció a quien era miembro de la Unidad de Programas Preventivos de ese cuerpo policial Mauricio León Soto por haber prestado servicio de transporte, supuestamente con banderas del PUSC, a dos personas a un centro de votación para las elecciones municipales de 2016, según resolución 2922-E6-SE-2018 del 23 de mayo de 2018. 

El Director General del Registro Civil Luis Antonio Bolaños denunció a la Oficial Regional de Nicoya del TSE Martha Iris Briceño Pérez por participar en el proceso interno para escoger candidato presidencial del PLN en abril de 2017. Por medio de la resolución 8375-E6-SE-2018 se inhabilitó de cargos públicos por dos años y se procedió a su destitución. 

Del año 2004 a la fecha se registran 188 denuncias tramitadas por el TSE, de las cuales se deben sumar 175 más, las cuales fueron asignadas a la Sección Especializada del TSE, el cual es el órgano que resuelve en primera instancia este tipo de casos desde el año 2016.