Fallido decreto para proyecto de minería a cielo abierto en Crucitas cumple 15 años en medio de nuevo juicio por prevaricato

La declaratoria de interés público y conveniencia nacional del proyecto minero Crucitas cumple 15 años este martes 17 de octubre en medio de la polémica suscitada por los problemas ambientales y que derivaron al desarrollo de tres juicios.

En el Diario Oficial La Gaceta del 17 de octubre de 2008 se publicó el Decreto 34801-Minaet, el cual hace la respectiva declaratoria, siendo firmada por el expresidente Óscar Arias y el exministro de Ambiente, Roberto Dobles. 

El decreto planteó como "beneficios económicos" a San Carlos el que la mina tuviese una operación cercana a 11 años, el cual incluía la construcción, la operación y el cierre técnico. 

"Esto significa que durante ese tiempo habrá desarrollo de las comunidades cercanas a Crucitas y necesidad de mano de obra", se lee en el decreto. 

A su vez, la inversión inicial para construir la mina Crucitas fue calculada en $65 millones, siendo que gran parte de ese monto se usaría para comprar servicios profesionales, pagar contratistas, comprar materiales y maquinaria para la zona de San Carlos. 

"Se estima que se dará empleo a 253 personas directas. En minería se calcula que por cada empleado directo, se da trabajo a 5 empleados indirectos; por lo que tendremos 1,265 empleados indirectos.

"Dentro de los compromisos sociales se procurará que al menos el 75% de los empleados sean de la zona cercana a Crucitas. La planilla  anual  para  pagar  los  empleados  se estima en US $ 4,132,859", prosigue el decreto firmado en la segunda administración Arias Sánchez. 

De igual forma, hoy hace 15 años trascendió ante la opinión pública el visto bueno del Área de Conservación Arenal-Huetar Norte, a través de la Subregión San Carlos-Los Chiles para cambiar el uso de suelo de 192 hectáreas, que derivó posteriormente a la corta de árboles en bosques.

El proyecto Crucitas, según el decreto, pagaría impuestos al Gobierno central con un cálculo cercano por impuesto de renta cercano a los $8.790.289, para un total por la vida de la mina de $70.322.309.

El Tribunal Contencioso Administrativo suspendió el 24 de noviembre de 2010 la concesión minera del proyecto Crucitas en medio de las acusaciones del sector ambiental, quien cuestionó los estudios de impacto ambiental y el otorgamiento de la viabilidad para llevar a cabo el proyecto. 

Tercer juicio 

Este lunes 16 de octubre arrancó el tercer juicio relacionado con este caso en particular en la sala de juicios 4 en los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial en Goicoechea. 

El Ministerio Público acusó al exministro de Ambiente, Roberto Dobles Mora por dos supuestos delitos de prevaricato. También lo había hecho contra el expresidente Arias, pero ese caso se tramitó aparte y se dictó un sobreseimiento definitivo debido a que estaba prescrito el caso.

Además de Dobles, figuran como imputados la exjefa del Registro Nacional Minero, Cinthya Cavallini Chinchilla; la exsecretaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), Sonia Espinoza Valverde; y los exmiembros de la Secretaria, Eduardo Lezama Fernández, Jorge Boza Quesada, Carmen Tatiana Cruz Ramírez y José Rafael Corrales Arias. 

Entre 2014 y 2015 se llevó a cabo un debate oral y público, el cual terminó con una condenatoria contra Dobles y a varios de los acusados se les absolvió. 

No obstante, la resolución fue apelada y posteriormente se ordenó a un nuevo juicio, el cual se programó en diciembre anterior para arrancar el 16 de octubre.

Durante la lectura de la acusación, el fiscal Carlos Manuel Jiménez Robleto, indicó que Dobles Mora habría buscado beneficiar a la firma canadiense con la concesión minera para extraer oro pese a que no cumplía con los requisitos para decretar conveniencia nacional para desarrollar el proyecto.

La versión fue refutada por el abogado de cinco de los imputados, incluyendo a Dobles, José Miguel Villalobos, quien aseguró que no hay prevaricato y rechazó las acusaciones de la Fiscalía. 

Para este juicio se espera la recepción de 27 testigos que declararán a lo largo de los próximos dos meses. La expectativa es que el caso su etapa de audiencias en diciembre.