Decreto sobre ciberseguridad de 5G carece de criterio técnico para “excluir” a proveedores de servicios en telecomunicaciones, según UCR

El Programa de Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic) de la Universidad de Costa Rica (UCR) se refirió al reglamento de ciberseguridad para redes 5G y superiores decretado por el Gobierno en el 2023, el cual considera que afecta el régimen de competencia y el principio de neutralidad tecnológica contenidos en la Ley General de Telecomunicaciones.

Esta normativa, cuya ejecución se mantiene suspendida por parte del Tribunal Contencioso Administrativo tras haber sido acogida una solicitud de medida cautelar solicitada por el Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), prohíbe la participación en procesos licitatorios en materia de telecomunicaciones a empresas de países no suscritos al Convenio de Budapest.

En ese orden, el 'Informe Anual Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2024' advierte que dicho acuerdo internacional "no constituye un criterio técnico para el desarrollo tecnológico", añadiendo que "su uso además expone al país a dinámicas geopolíticas en favor de uno u otro actor internacional".

"Esto ha llevado a discusiones sobre la necesidad de asegurar la neutralidad tecnológica en el desarrollo de 5G con el fin de evitar la discriminación, garantizar la imparcialidad en la selección de productos/servicios y garantizar condiciones que permitan la libre competencia", explicó Valeria Castro, investigadora del Prosic.

Por otra parte, se evidencia en el reporte que sectores empresariales clave, así como Cámaras del sector de Tecnologías de Información, Comunicación y Telecomunicaciones no fueron consultadas para la emisión del reglamento, lo que ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones gremiales.

"La decisión debería ser técnica, no obstante, en el país ha adquirido un tinte político; posicionando a Costa Rica como un escenario más en la guerra comercial entre las grandes potencias y que, a su vez, le está costando una mejor solución al país para el establecimiento de las redes 5G", apuntó Alejandro Amador, coordinador del Prosic.

Actualmente el proceso concursal para explotación comercial de redes de quinta generación efectuado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) continúa sin retrasos, mientras que el llevado a cabo por el ICE se encuentra suspendido a causa de la misma medida cautelar que suspendió la puesta en marcha del decreto.