Junta directiva de la CCSS acuerda dar inicio a declaratoria de nulidad de licitación cuestionada en “caso barrenador”

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ordenó la apertura de un procedimiento administrativo de nulidad absoluta sobre el proceso de licitación mayor No. 2023LY-000002-0001101142 para la administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) a 10 cooperativas de salud.

Es precisamente esta licitación la que motivó la apertura del "caso barrenador" por parte de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) en octubre pasado.

Tras las investigaciones se ordenó la detención de varios exdirectivos de la CCSS, entre ellos Marta Esquivel, quien ocupaba la presidencia ejecutiva de la institución en aquel momento y hoy ostenta el cargo de ministra de Planificación.

La decisión se fundamenta en que en este proceso tuvo lugar un vicio que motivó el acto final, dado que en el análisis que se tomó como base "no se concluyó de forma expresa la razonabilidad del precio que se estaba valorando" en una de las partidas.

"(...) solo se consideraron los costos promedio del servicio correspondientes a la CCSS como prestataria de servicios de salud, sin considerar la competencia del mercado", indica el texto aprobado por los directivos.

Al tiempo que se solicitó al Centro para la Instrucción del Procedimiento Administrativo (CIPA) ejecutar la finalización del concurso en un plazo no mayor a dos meses.

Con esto se pretende "garantizar la continuidad de los servicios y por un periodo que contemple hasta el inicio de la ejecución de un nuevo procedimiento ordinario". 

Este fue uno de los tres escenarios propuestos por la Gerencia Médica previo a la aprobación de los acuerdos, siendo los otros dos una redistribución temporal con otras áreas de salud, o bien, la creación de áreas nuevas o fusionar las actuales con otras existentes.

Las áreas de salud impactadas son Escazú, Santa Ana, Carpio-León XIII, San Sebastián-Paso Ancho, Pavas, Desamparados 2, Tibás, San Pablo y Barva. La votación fue positiva de forma unánime.

El atraso en esta decisión hubiese dado al traste con la entrada en vigor de la licitación hoy declarada nula y cuya investigación recayó en la Fiscalía General de la República por figurar una ministra de Gobierno como imputada en el caso.