Proceso dependerá del curso que surja a lo largo de audiencias preliminares y otros procesos, citó Carlo Díaz
07/07/23 | 11:24am
La decisión sobre si el caso del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) que se sigue contra el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, se eleva a juicio, podría tardar hasta un año.
Así lo explicó el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, a AmeliaRueda.com, luego de ser consultado sobre la hoja de ruta que seguirá el proceso una vez que el Ministerio Público planteara la acusación.
Eso sí, aclaró que el plazo estimado dependerá mucho del curso que tome la acusación y la investigación que se realice en sedes judiciales.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó formalmete a Solís, quien gobernó el país entre el 2014 y 2018, por el "presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública" tras el cierre de Bancrédito.
En la acusación figuran también el exvicepresidente de la República y exministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas; el exministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas; la extesorera nacional Marta Cubillo Jiménez y el exsubtesorero nacional Mauricio Arroyo Rivera.
El fiscal general declaró a AmeliaRueda.com que una vez formulada la acusación, se deben cumplir con ciertos requisitos formales para que pase al Juzgado Penal.
Dentro de esos requisitos están las comunicaciones que se deben hacer a las partes involucradas y a las víctimas del proceso, u otros trámites mínimos.
El jerarca judicial detalló que posteriormente la acusación pasa al Juzgado Penal respectivo para revisarla y que no se deba realizar alguna devolución por aspectos formales.
Díaz indicó que se debe llevar a cabo una audiencia preliminar, la cual examinará la acusación y las partes harán sus objeciones que consideren oportunas.
Sostuvo que si los jueces consideran que se eleva a juicio, pasa a un Tribunal, pero que si del análisis realizado se desprende que no hay mérito para que la acusación pase a esa etapa, se podría dictar un sobreseímiento definitivo, es decir, un archivo de la causa.
El caso se tramita bajo el expediente 20-000115-1218-PE, según comunicó el Ministerio Público.
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) de la Procuraduría General de la República (PGR) está reclamando 50 millones de colones por "daño social".
El abogado del Estado señaló que a la fecha se mantiene activo en el proceso penal por dicho daño social aparentemente ocasionado por las personas imputadas.
"Este daño, de manera prudencial, se fijó en la suma de 50 millones de colones y será cuantificado en definitiva, una vez que se presente el estudio de perito actuarial matemático que determine la afectación a la colectividad que ocasionó la conducta delictiva que se acusa", cita la Procuraduría.
El órgano procurador señaló que a la fecha no se otorgó la audiencia para concretar las pretensiones, por lo que el monto establecido tiene carácter de prudencial.
Lo anterior señalaron que hará conforme a lo establecido en la Acción Civil Resarcitoria, la cual podrá ser modificada una vez que se cuente con el informe pericial.
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