Costa Rica perderá más de $2.700 millones si no se aprueba ley para extraer oro en Crucitas, dice viceministro de Ambiente a diputados

Alrededor de $2.700 millones (unos ¢1,3 billones) quedarían en manos de mineros ilegales en caso de no aprobarse el expediente 24.717, el cual pretende regular la exploración y explotación minera sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos.

Así lo manifestó este lunes el viceministro de Ambiente y Energía, Ronny Rodríguez, a los diputados de la Comisión Especial de Alajuela, basado en un cálculo que considera solo uno de los sitios identificados por las autoridades con presencia de oro.

Allí se tienen constatadas más de un millón de onzas, cada una de ellas cotizada en mercados internacionales en un estimado de $2.700 millones.

El funcionario defendió que la transferencia del 7% por concepto de ventas brutas al Estado por parte de los concesionarios (2% corresponde a la Municipalidad de San Carlos) brindará beneficios tangibles a la comunidad de Cutris las múltiples necesidades que enfrenta la comunidad, como un servicio adecuado de agua potable, dada la contaminación por mercurio del vital líquido en el lugar.

Asimismo, enfatizó en que la intención no radica solamente en promover licencias de minería para grandes industrias, sino también abrir espacios de oportunidad para cooperativas y otros grupos de menor alcance para favorecer el desarrollo económico en Cutris y cantones vecinos.

Diputados como el liberacionista José Joaquín Hernández y el oficialista Jorge Rojas apuntaron a la crisis ambiental que actualmente enfrenta la zona, producto de las extracciones ilegales. En ese sentido, la legisladora del Frente Amplio, Priscilla Vindas, cuestionó que la ley pueda convertirse en la solución definitiva para acabar con tal circunstancia.

Ante ello, Rodríguez admitió que el proyecto "no es la única solución", indicando que en la cartera rectora se han valorado medidas como hacer un cambio total del uso del suelo o crear un parque geológico, siendo que la opción que puede traer mayores beneficios es la regulación de la minería de una forma amigable con el ambiente e incluso rentable para la comunidad.

Por otra parte, el viceministro del Minae indicó que se ha cumplido con el mandato dado por la Sala Constitucional en la resolución 21-020047 de setiembre del 2021, en la que se obligó al Estado a realizar las acciones coordinadas para contener la minería ilegal, reforzando la presencia de efectivos policiales y otras acciones que demandan un importante costo para el Gobierno.

En junio de ese año, el país obtuvo ventaja en un arbitraje internacional en el que se le eximió de indemnizar por $400 millones a la empresa canadiense Infinito Gold, por cancelar la concesión del proyecto minero de cielo abierto en Crucitas, otorgado en la segunda administración Arias Sánchez.

La iniciativa de ley fue presentada por el Poder Ejecutivo en noviembre pasado.