Estado de la Nación, Poder Ejecutivo, Costa Rica, Asamblea Legislativa
Solamente el 11 % de los proyectos impulsados por Gobierno se aprobó en primer año. (Diseño: Valeria Salazar)

Costa Rica enfrenta la productividad legislativa más baja desde 1986 por choques entre el Ejecutivo y diputados, señala Estado de la Nación

Únicamente el 11% de las legislaciones impulsadas por el Gobierno fueron aprobadas en el Congreso, según informe

23/11/23 | 09:30am

En el primer año del actual Gobierno, Costa Rica enfrentó la productividad legislativa más baja desde 1986, debido a las constantes roces entre el Poder Ejecutivo con los diputados de oposición. 

Esa fue una de las conclusiones a las que llegó el Informe Estado de la Nación presentado por el Programa Estado de la Nación (PEN) durante este jueves 23 de noviembre. 

El Informe señala una “parálisis política que predomina en el país” producto de la “la incapacidad de las fuerzas políticas para construir acuerdos”.

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Desde la llegada del multipartidismo, en el 2002, es la tercera ocasión en que el oficialismo no es mayoría en el Congreso. 

El informe indicó que la incorporación de iniciativas en los actores de la oposición para tomar decisiones tiene "mejores resultados" en la gestión de asuntos de carácter público. 

No obstante, para la administración actual no hay una concentración en agendas multipartidistas, sino más bien propias de la administración.

El investigador del PEN, Ronald Alfaro, indicó que durante el primer año de la gestión, el gobierno de Chaves optó por promover de proyectos de ley propios o heredados y no tanto el incluir propuestas de agrupaciones opositoras. 

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“Durante el primer año de la administración Alvarado Quesada, el 39% de las iniciativas de ley convocadas por el Gobierno en las sesiones extraordinarias, eran proyectos de una alianza opositora y el 28% fueron iniciativas del
Ejecutivo. 

"Durante el mismo periodo de la administración Chaves Robles, estos porcentajes fueron del 15% y 39%, respectivamente”, enfatizó el funcionario del Programa Estado de la Nación. 

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El investigador del programa Estado de la Nación sostuvo que las dinámicas de contar con una gobernanza colaborativa y la antagonista poseen resultados distintos. 

“Mientras que en el primer año de la administración anterior el 33% de las leyes aprobadas correspondieron a proyectos propuestos por una alianza opositora y el 31% fueron iniciativas del Ejecutivo, durante el primer año del gobierno actual, estos porcentajes fueron del 21% y 11%, respectivamente”, indicó Alfaro. 

El investigador enfatizó que un periodo de mayor productividad estuvo marcado por una gestión de asuntos públicos de forma más colaborativa. 

Lo conveniente, según el PEN, "el oficialismo sacrifica proyectos propios para ceder espacio a iniciativas de la oposición". 

Episodios constantes 

Las fricciones entre las autoridades del Poder Ejecutivo con la Asamblea Legislativa son cada vez más notorias. 

El episodio más reciente ocurrió este miércoles 22 de noviembre durante la presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad en la Academia de Policía de Pococí de Limón. 

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, giró la instrucción a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, para que desconvocara todos los proyectos presentados por el Ejecutivo. 

Chaves sostuvo que se convocarán los 26 proyectos que aboga la oposición y que no tendrán el acompañamiento de las autoridades ejecutivas. 

Durante el mensaje aseguró que cada miércoles en sus tradicionales conferencias de prensa se encargará de reportar muertes. 

“Vamos a reportar cada miércoles los asesinatos que, desde el punto de vista de la Policía, hayan ocurrido o hayan sido causa de las leyes débiles de este país o de las acciones erróneas de los jueces”, afirmó Chaves. 

Esa tensión reciente surgió luego de que Presidencia desconvocara tres de los cinco proyectos presentados en abril luego de que el Departamento de Servicios Técnicos lo declarara inconstitucional. 

A su vez, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó negativamente el expediente 23.692 que busca bajar las penas para aplicar el monitoreo electrónico de seis a cuatro años al considerarse inconstitucionalidad.

Esa dinámica se ve además que de cuatro vetos presidenciales en el primer año, tres iniciativas fueron reselladas.

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