Contraloría: Director de Bomberos “omitió de manera negligente” documentar justificación de compra de terreno en $9 millones pese a oferta 53% más barata

La suspensión de ocho días sin goce de salario que recomendó la Contraloría General de la República para el director del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves León, se debe a una falta grave que cometió el jerarca al omitir de manera “negligente” el documentar la justificación de compra de un terreno en $9.000.000 pese a que a que había una oferta en $4.345.090 y que, al parecer, cumplía también con los requisitos establecidos por la Administración Pública.

Se trata de la compra del terreno para la Estación Metropolitana Sur, situada en San José, cerca de la estación de tren del Pacífico.

Según señala la resolución 220-2024, de la División Jurídica de la Contraloría, emitida el 15 de enero de 2024, Chaves incurrió en una “omisión de documentar las razones que justificaron elegir la oferta más onerosa”. Por esa razón se le impuso la suspensión de ocho días, la cual fue apelada por el funcionario, pero se declaró sin lugar el recurso y adquirió firmeza el pasado 9 de agosto.

Por ese caso también se abrió un proceso administrativo a Sergio Alfaro, Elian Villegas, Moisés Valituti y Ronald Carballo, exdirectores del Consejo Directivo de Bomberos, quienes resultaron absueltos en el proceso. 

El expediente contra Chaves, el cual es público una vez que entra en firme la sanción,  detalla que el 25 de agosto de 2014 el Consejo Directivo de Bomberos autorizó la compra de un terreno para unificar los servicios de las estaciones de bomberos de La Central y Barrio Luján.

Dicho terreno se compró a la empresa Oller Alpirez Inmobiliaria CFJ S.A., la cual tuvo una calificación de 100% en cuanto a requerimientos técnicos. Mientras que la otra oferta que señala la Contraloría es una conjunta de la empresa ARISKAT S.A, Inmobiliaria Palma Brenes S.A, Inversiones Merolusu S.A., y de la persona física, la cual tuvo un puntaje de 88%, según avalúos correspondientes.

Pese a la diferencia en puntaje, “ambas ofertas resultaron técnicamente elegibles de conformidad con la metodología de priorización para la selección de las propiedades”, señala la investigación del órgano contralor.

“Se demostró que no hubo diligencia previa por parte del investigado y se procedió sin más con la firma del contrato de Fideicomiso, con la instrucción expresa al Fiduciario de adquirir los bienes inmuebles valorados en un monto de $9.000.000, existiendo en apariencia otra oferta menos onerosa estimada en $4.345.090; lo anterior sin que consten en el expediente las razones o criterios objetivos que justificaron la elección final del bien inmueble más oneroso, siendo que ambas ofertas resultaban técnicamente elegibles. Es decir, se evidencia una culpa grave“, dictó la Contraloría.

Jerarca acude al Contencioso

Consultado por AmeliaRueda.com sobre la sanción, el director de Bomberos indicó que interpuso una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso porque considera que “la sanción no se ajusta a lo ocurrido”.

Héctor Chaves, director de Bomberos

Esta es la segunda sanción de suspensión sin goce de salario que recibe Chaves en el último lustro. El 31 de marzo de 2021, el Consejo Directivo de Bomberos acordó suspenderlo cinco días por avalar el uso de ¢10.000.000 de la caja chica, y bajo la justificación de "urgente", para pagar el diseño de dos esculturas. Estas obras costaron ¢102.830.000 en total y fueron colocadas en las nuevas estaciones metropolitanas, inauguradas en diciembre de 2020.

A raíz de ese caso de las esculturas, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) le abrió una causa penal, a él y a tres funcionarios más. En marzo anterior, el órgano acusador del Estado resolvió elevar la acusación al Juzgado de Probidad para llevarlo a juicio.

La Fiscalía acusa a Chaves y a tres funcionarios más de delitos de malversación, influencia en contra de la Hacienda Pública, falsedad ideológica y peculado de uso. El caso ahora deberá ir a audiencia en el Juzgado Penal de Hacienda, donde un juez deberá decidir si se eleva o no el caso a juicio.

Además, el Estado, por medio de la Procuraduría General de la República (PGR) reclama ¢34 millones por daño social.