Contraloría cuestiona datos del Gobierno sobre salud, educación y beneficiarios del IMAS usados para medir desarrollo nacional

La Contraloría General de la República (CGR) detectó inconsistencias en el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026, vinculadas al Presupuesto Nacional del 2024, en áreas clave como salud, educación, bienestar social y ambiente.

En total, ocho metas presentaron incumplimientos significativos, lo que —según el órgano contralor— compromete la transparencia en la gestión pública. Por ello, la CGR hizo un llamado a los jerarcas de los ministerios de Planificación, Hacienda, Salud, Educación, Bienestar Social y Ambiente para que mejoren la calidad de la información utilizada en la rendición de cuentas y en la toma de decisiones.

Uno de los principales hallazgos, incluido en el informe DFOE-FIP-IAC-00001-2025, señala que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) excluyó de la estimación del indicador “plazo promedio de días de espera” a 9.339 personas que aguardaban por una cirugía ambulatoria.

Según la Contraloría, esta omisión provocó que el indicador reportado fuera menor al tiempo real que los pacientes esperaron durante el año anterior. Esto se debió a que no se incluyó a personas clasificadas como “derivadas” (606), “depuradas” (2.423) y “resueltas” (6.310), lo que distorsionó el resultado.

Además, el cálculo no consideró el tiempo de espera de los pacientes que sí fueron atendidos en 2024, lo cual impidió una evaluación objetiva del servicio. Como resultado, el dato reportado no reflejó de forma precisa la experiencia real de los usuarios del sistema de salud.

Otros elementos reportados incluyeron la duplicación del número de egresados en programas de formación de inglés, Tecnologías de Información y Comunicación y turismo, esto en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Educación Pública (MEP).

En el caso de este último, se reportó un avance de 0% en la meta de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) ante el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).

Así también, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) reportó 13.504 beneficiarios de más en el cálculo de la meta relacionada con el beneficio de atención a familia; al tiempo que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) reportó "inconsistencias en la meta vinculada con la protección del recurso hídrico".

Tras lo hallado en el informe, la CGR determinó que "se podría debilitar el proceso de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, al presentarse datos inexactos que distorsionan la realidad y ello influir negativamente en la asignación de recursos, afectando la capacidad del Estado para responder adecuadamente a las necesidades de la población".