El ente contralor plantea que el proyecto del Gobierno apunta a “cercenar" sus funciones de control
19/08/24 | 12:00pm
La Contraloría General de la República (CGR) presentó una consulta ante la Sala Constitucional sobre el expediente No. 24.467, el denominado "Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica", la segunda versión del proyecto de ley con el que el Gobierno de Rodrigo Chaves pretende llamar a un referéndum.
Esta segunda versión del texto, según la contralora Marta Acosta, "mantiene la esencia de la iniciativa precedente de suprimir competencias constitucional y legalmente atribuidas a la CGR". "El fin último de la reforma es cercenar y nunca fortalecer las competencias de la CGR", se lee en el texto de la consulta.
El expediente actualmente está en trámite en la Sala Constitucional, en la cual se analiza la consulta formulada por previamente por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre esa misma iniciativa.
El pasado 29 de julio, la Sala Constitucional emitió una resolución de la consulta del TSE sobre el primer proyecto, en la que los magistrados señalaron como inconstitucionales todos los artículos consultados. Pocos días después, el presidente Chaves dijo que interpretaba la resolución como una victoria y presentó el nuevo texto, que aseguraba venía blindado. Esto sin haber conocido el texto íntegro de la sentencia, que la Sala Constitucional no había publicado.
En concreto, la CGR apunta que la propuesta de reforma al artículo 12 de la Ley Orgánica del ente contralor tiene "consecuencias lesivas" para sus funciones y que por eso resulta "contrario" a la Constitución Política. Esto porque, según la misma Carta Magna, las funciones de la CGR no pueden ser reducidas.
Asimismo, la CGR argumenta que la "ley jaguar" permitiría transgredir "principios constitucionales" como el de licitación y legalidad y rendición de cuentas. "Esto constituye una regresión en el modelo de control en materia de contratación pública".
Con respecto a la Ley Orgánica de Japdeva, Acosta dice que las reformas planteadas a los artículos 5 bis y 67 permitirían escoger contratistas para obra pública "a dedo". Esto podría "promover actos de corrupción, así como la desviación del poder en la función pública".
En esta nueva consulta, la contralora Acosta afirma, como lo había hecho con respecto al texto anterior, que el objetivo es debilitar a la CGR y que "se evidencian los graves vicios de inconstitucionalidad". Por ello, la contralora solicita a la Sala Constitucional tomar en consideración sus observaciones "en el estudio de la consulta de constitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones".
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