Contralora presenta consulta de constitucionalidad sobre Ley Jaguar: “Es un debilitamiento del sistema de frenos y contrapesos del sistema democrático”

La contralora general de la República, Marta Acosta, presentó ante la Sala Constitucional una consulta de constitucionalidad sobre el proyecto ley n.° 24.364, denominado “Ley Jaguar para el desarrollo de Costa Rica”, con el que el Gobierno de Rodrigo Chaves pretende convocar un referéndum. En un texto de 30 páginas, Acosta plantea una serie de inquietudes sobre el proyecto, concluyendo que se trata de “un debilitamiento del sistema de frenos y contrapesos del sistema democrático". 

La jerarca argumenta que la Ley Jaguar "claramente" afecta las "competencias constitucionales" del Órgano Contralor: "Se eliminan en su totalidad los controles previos y la mayoría de controles posteriores, con una visión por completo reduccionista del modelo de control". 

La consulta también recuerda que, según el artículo 105 de la Constitución Política, un referéndum no procederá si los proyectos son que plantea son "relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa". En ese sentido, Acosta considera que la Ley Jaguar infringe esta prohibición. 

"El proyecto de ley en cuestión pretende una modificación, disminución y debilitamiento del modelo de control de la Hacienda Pública constitucionalmente establecido" y un "desmantelamiento de las competencias otorgadas por el constituyente al Órgano Contralor, al violentar de forma grosera el Derecho de la Constitución", se lee en el texto. 

Asimismo, Acosta cita a la misma Sala Constitucional en su consulta, ya que en el pasado los magistrados se han pronunciado sobre cómo las competencias de la Contraloría General de la República no pueden ser rebajadas, disminuidas, suprimidas o atribuidas a otros órganos públicos. Así consta en la Sentencia 998-9810 del Tribunal Constitucional.

Elementos cuestionados

En el texto enviado a la Sala Constitucional, Marta Acosta cuestiona "por inconstitucionales" una serie de artículos concretos de la Ley Jaguar. Estos son los artículos 11, 12, 17, 22 y 67, todos los que plantean modificaciones de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

De acuerdo con la contralora, estas modificaciones buscan cambiar el proceso de contratación pública de tal forma que el control previo y posterior quede debilitado y no haya garantías de transparencia. "Se omite la regulación de requisitos esenciales que debe cumplir todo contrato de obra pública", detalla el texto. 

Según Acosta, si esta reforma saliera delante no habría concurso público, faltaría de transparencia en la selección del contratista y la evaluación de la idoneidad de este sería "insuficiente". 

Artículo 105 de la Carta Magna

El texto de la consulta recuerda en varias ocasiones cómo la Ley Jaguar se opone a lo establecido en el artículo 105 de la Constitución Política sobre la prohibición de consultar sobre materias presupuestarias. La Carta Magna plantea una excepción cuando se trata de afectaciones de manera “accesoria o instrumental”, como fue el caso del referéndum del Tratado de Libre Comercio en 2007. Sin embargo, para Acosta, con la Ley Jaguar el impacto "es frontal y directo, nunca tangencial". 

"La presente iniciativa incumple con lo dispuesto en el citado artículo al ingresar en materias prohibidas para ser decididas vía referéndum, al eliminar por completo el control previo y con ello la aprobación presupuestaria, además de afectar la distribución de competencias constitucionalmente otorgadas a la Contraloría General de la República", se lee en el texto. 

Por todas estas razones, "se trata de un tema sobre el que no resulta viable constitucionalmente realizar un referéndum, pues trastoca parte del núcleo duro del sistema democrático". Así, el Órgano Contralor concluye "de manera categórica" que el mecanismo de referéndum "no resulta posible" para la Ley Jaguar.