China a presidente Chaves: “acusaciones en ciberseguridad carecen de fundamento” porque ningún país, empresa o individuo tiene pruebas de que empresas chinas sean una amenaza

Horas después de que el presidente Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, asegurara que China “no tiene un régimen jurídico sólido para prevenir el espionaje”, la embajada de ese país asiático en San José rechazó categóricamente “las acusaciones” en materia de ciberseguridad porque “carecen de fundamento”.

Mediante un comunicado de prensa, la representación diplomática china en Costa Rica expresó que “hasta ahora, ningún país, organización, empresa o individuo ha podido presentar ningún prueba para demostrar que las empresa empresas chinas constituyan una amenaza para la seguridad”.  
Esas declaraciones son en referencia a que empresas de telecomunicaciones chinas como Huawei “llevan años operando en países latinoamericanos, entre ellos Costa Rica”.

La tensión entre China y Costa Rica ha incrementado desde el pasado 5 de setiembre cuando AmeliaRueda.com reveló que la administración Chaves Robles publicó un decreto para el despliegue de la red 5G que deja por fuera del concurso a empresas que tenga sede en aquellos países que no han firmado el Convenio de Budapest, un tratado sobre cibercriminalidad.

China no es firmante de ese acuerdo, por ende, empresas como Huawei quedarán fuera del concurso público que el Estado costarricense realizará para que proveedores del servicio (como Kolbi y Claro) puedan comprar equipo (antenas, bases, etc.) necesarios para implementar 5G en el país.

Tanto el mandatario como la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes Zamora, han expresado que el reglamento no deja por fuera a ninguna empresa y que se basa en una serie de lineamientos impulsados por la Unión Europea en materia de ciberseguridad, que combina elementos tecnológicos con requerimientos políticos.

El mandatario y la ministra han enfatizado que el reglamento busca resguardar la ciberseguridad del Estado (víctima de ataques en 2022) y de los ciudadanos.

Sin embargo, para el gobierno de China, un tema tecnológico se está tratando en un escenario distinto al científico.  “Nos oponemos a la generalización del concepto de seguridad nacional y a la politización de cuestiones científicas, tecnológicas y económicas.”

En su comunicado de prensa, la Embajada de China en San José asegura que “siendo otra víctima azotada de los ciberataques, las escuchas telefónicas y la vigilancia, China rechaza categóricamente y combate según la ley toda forma de delincuencia”.

Al mismo tiempo, el comunicado oficial recalca que “China siempre aboga por que las empresas cumplan estrictamente las leyes de los países donde operen, y se opone al uso indebido de la tecnología informática para realizar vigilancias a gran escala y la recopilación ilegal de información personal de ciudadanos de otros países”.

El gobierno de Rodrigo Chaves también ha cuestionado una investigación realizada por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional, en la que se asegura que excluir a proveedores como Huawei del despliegue de la red 5G en Costa Rica retrasaría hasta en 4 años la implementación de esa tecnología en nuestro país y aumentaría el costo de las inversiones para los proveedores hasta en un 40 por ciento.

El director del CINPE, Olman Segura Bonilla, reaccionó este miércoles 6 de diciembre a las declaraciones de Chaves y Bogantes: “Este ataque directo de parte del Gobierno hacia el trabajo profesional, serio y dedicado de un grupo renombrado de economistas representa un severo intento de amenaza a la labor investigativa, ética e independiente que ejercemos las universidad públicas, en el debate de temas que son de trascendencia nacional. El hecho de que el Poder Ejecutivo no comparta las conclusiones no debe dar cabida a un ataque en esta dimensiones”.

La administración Chaves Robles cuestiona que el estudio fue solicitado y financiado por Huawei de Costa Rica al CINPE de la UNA, pero Mora y la Universidad han asegurado que la independencia y rigurosidad de la investigación no se vea comprometida por ese detalle.

Actualmente, la Sala Constitucional analiza un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad que presentó Huawei en contra del decreto, en los cuales alega que se ve violado su derecho de libre competencia y la igualdad de participación en concursos públicos.