Contraloría instruye a nueve instituciones públicas “no reconocer” contratos con Racsa por detectarse roces de ilegalidad e inconstitucionalidad
Empresa del Grupo ICE utilizó indebidamente figura de “asociación empresarial” en modelo de contratación excepcional entre entes de derecho público, según órgano fiscalizador
19/05/25 | 11:41am
La Contraloría General de la República (CGR) emitió una instrucción a nueve instituciones del Estado en torno a "ejecutar las acciones administrativas para no reconocer la utilidad" en contratos suscritos con Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), los cuales, a juicio del ente regulador, poseen vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad.
La orden fue emitida este lunes a los jerarcas del Ministerio de Trabajo, Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Junta de Protección Social (JPS), Asamblea Legislativa, Dirección Nacional de Cen-Cinai y la Municipalidad de San José.
Según reza el oficio DFOE-CIU-0192 dirigido a estas autoridades, se previene sobre la "ausencia de los controles de las Administraciones contratantes" para verificar el cumplimiento de la normativa en una contratación directa entre entes de derecho público, en favor de Racsa.
De acuerdo con la CGR, dicha empresa del Grupo ICE utilizó la figura de "asociación empresarial" con diez empresas privadas para brindar el servicio ofrecido, por cuanto, no tenía la capacidad de brindarlo de forma autónoma.
"Se acreditó la participación de un sujeto de derecho privado en la concreción de las necesidades de las entidades públicas contratantes sin que mediara concurso previo de acuerdo a los postulados constitucionales de contratación pública", justificó la Contraloría.
Ante tal circunstancia se irrespetó la legislación vigente para el uso de dicha modalidad de contratación excepcional, impidiendo a los contratantes decidirse por un proveedor que ofreciera el mejor precio en el marco de una licitación pública, infringiéndose principios naturales de esta figura como la transparencia e igualdad.
En ese orden, la CGR remitió el oficio DFOE-CIU-0194 a Mauricio Barrantes, gerente general de Racsa, a "establecer y divulgar los controles internos necesarios para garantizar que en la eventual participación como contratista o proveedor en contrataciones directas entre entes de derecho público (...) por sí misma pueda llevar a cabo el objeto contractual conforme a sus competencias legales, sin utilizar para ello las figuras de asociación empresarial con sujetos de derecho privado.