
Entidad señala “imposibilidad material de cumplir con el requerimiento”
03/07/26 | 15:59pm
La contralora genera de la República (CGR), Marta Acosta respondió este viernes 3 de julio a la petición del Ministerio de Hacienda de recortar en un 5% el presupuesto de la entidad para el segundo semestre de este año y el previsto para el 2027.
Mediante un oficio de cinco páginas, la funcionaria manifestó que la institución no puede acceder a la disminución presupuestaria indicada, e incluso, advierte al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, que de hacerlo la entidad entraría en un cierre técnico.
Acosta señala que ambos presupuestos (2026 y 2027) se establecieron con recursos al mínimo para mantener la operación.
“En ambos anteproyectos, los gastos de carácter ineludible requeridos para la totalidad de las operaciones institucionales, como lo son las remuneraciones y contribuciones sociales asociadas, los servicios públicos, así como los contratos vigentes por servicios de limpieza, seguridad, mantenimiento de equipos tecnológicos y de infraestructura física, entre otros, no podrían ser cubiertos de aplicarse el ajuste solicitado por ese Ministerio, lo cual evidencia una imposibilidad material de cumplir con el requerimiento”, menciona Acosta.
En su respuesta, la contralora asegura estar consciente de la situación fiscal que vive el país; sin embargo, resalta que por esa razón la entidad gestiona sus presupuestos de manera austera, aplica un gasto eficiente de los recursos y tiene altos niveles de ejecución.
Ante esto, se explica que el 90% del presupuesto de la CGR corresponde a salarios, lo que les impide asumir el recorte solicitado.
Agrega en la respuesta que el presupuesto que se asigna a la Contraloría aumentó en los últimos 10 años un 1,9%, mientras que el presupuesto de la República registró un incremento del 57%.
“Esta desigualdad demuestra que, mientras el universo de entidades y recursos sujetos a fiscalización se ha expandido significativamente, los fondos asignados a este órgano se han mantenido prácticamente estáticos”, mencionó la contralora.
El Ministerio de Hacienda informó a la CGR que para este año se requería un recorte de ¢1.055 millones, lo cual se incluirá en un presupuesto extraordinario que será enviado para su aprobación a la Asamblea Legislativa.
Esta medida, menciona la contralora, representaría un cierre técnico para la entidad que representa.
Tras el análisis realizado por la CGR, se identificó que la entidad únicamente podría rebajar ¢100 millones, monto que se puede recortar sin poner en riesgo la operación institucional. Esta disminución sería para el presupuesto de este año, y no habría posibilidad de recorte para el 2027, según la entidad.
“… la Contraloría ha eliminado de su presupuesto desde hace varios años gastos que, aun siendo importantes, han sido tratados -debido a circunstancias exógenas- como prescindibles, procurando impactar un resultado favorable para las finanzas públicas. Tal es el caso de las consultorías, gastos de viaje y de transporte al exterior, alimentos y bebidas, alquileres, publicidad, propaganda y gastos protocolarios y de representación. Para todos ellos no se ha requerido contenido presupuestario alguno.
“Considerando nuestros altos niveles de ejecución, las limitaciones de gasto que nos han sido impuestas así como las buenas prácticas de la gestión presupuestaria recogidas en los Lineamientos Técnicos sobre el Presupuesto de la República, ceder un cinco por ciento de nuestro presupuesto llevaría en la práctica a un cierre técnico de la institución, lo cual a todas luces violenta nuestro marco constitucional y legal, e incide directamente en la independencia institucional que procuró y defendió para la Contraloría General, el constituyente”, responde Acosta al reiterar que no existe posibilidad de alguna de cumplir con un recorte presupuestario.
En el oficio de cinco páginas enviados desde la CGR al Ministerio de Hacienda se deja claro la imposibilidad de recorte presupuestario que tiene la entidad e incluso se agrega que para el próximo año la institución requiere ¢796 millones.
“Efectuar los recortes solicitados sería menoscabar, de forma imprudente y grosera la capacidad operativa de la Contraloría General de la República”, dice Acosta al responder a las autoridades del Poder Ejecutivo.
En su misiva, la contralora general señala dos opciones que pueden ser de análisis para Hacienda para solventar la necesidad de recorte presupuestario a instituciones.
Se indica que se podría gestionar un nivel óptimo de liquidez en el Fondo General para evitar mantener recursos ociosos y se agrega, como recomendación, analizar el comportamiento de ahorros en el rubro de intereses que genera el Sistema de Cuentas del Sector Público (SCSP).
Concluir con la implementación del proyecto de Hacienda Digital y medidas para fortalecer la recaudación, son también parte de las recomendaciones que emitió la Contraloría a las autoridades.
“Como bien puede notar, existen alternativas al problema que se formula, y evitar al mismo tiempo los recortes desproporcionados, que lesionan sustancial e injustificadamente, la capacidad operativa esencial de las instituciones, debilitando aún más de ese modo, la entrega de servicios a la ciudadanía, mediante los cuales se procura el bienestar general: obligación ineludible del Estado costarricense”, señala la contralora en su oficio de respuesta al Ministerio de Hacienda.
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