CCSS “incumple todos los aspectos significativos” en cobrar deuda del Estado; saldos que no se cobraron subieron 106,6% entre 2020 y 2023, señala Contraloría

En el periodo comprendido entre el 2020 y el 2023, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le dejó de cobrar a Estado ¢1,62 billones del total del monto facturado que fue de ¢2,89 billones, lo que generó que el remanente se acumulara a través del tiempo y generara intereses moratorios por hasta ¢323.557,66 millones en ese periodo.

Ello permitió que entre esos años los saldos que no se han cobrado o se dejaron de pagar crecieran en un 106,6%, alcanzando un monto de ¢3,6 billones a finales de 2023, lo cual equivale a un 7,3% del PIB y casi un 30% del Presupuesto Nacional para ese año.

Tal conclusión forma parte de los hallazgos del informe DFOE-BIS-IAD-00009-2024 de la Contraloría General de la República (CGR), el cual determinó que la CCSS "incumple con todos los aspectos significativos del proceso de cobro de las obligaciones del Estado y su gobernanza".

Como evidencia de ello, la CGR aporta elementos que demuestran, según el estudio, que existen conceptos por los cuales la CCSS no ha recibido recursos sobre las facturas emitidas en el periodo antes descrito, destacando el concepto de "Asegurados por Cuenta del Estado", en el que la benemérita no ha recuperado los recursos facturados desde 2020, monto que asciende a los ¢437.430,33 millones.

Otro de los reveladores datos es que la CCSS no implementa el cobro administrativo de acuerdo con el procedimiento aplicable, ni tampoco emite ni notifica avisos de cobro, sin que únicamente emite facturas y certifica los compromisos como insumo del informe de deuda remitido mensualmente al Ministerio de Hacienda.

"No implementa el cobro judicial para todos los casos (únicamente se tiene un caso en proceso de cobro judicial iniciado en el 2023, que representa un 2,03% del total facturado de ese año)", añade el documento.

Ante ello, la CGR instruyó a la Gerencia Financiera, así como a la Dirección de Planificación de la CCSS tomar las acciones correspondientes en un plazo máximo de seis meses para tomar las acciones para eficientizar los procedimientos de cobro señalados en el informe.

Se estima que la deuda del Estado con la CCSS asciende a ¢3,8 billones, de acuerdo con datos provistos por la fracción del Frente Amplio en noviembre pasado, cuando hizo público el ingreso a la secretaría del Congreso de dos proyectos de reforma constitucional con los que se pretende hacer más expedito el pago de estos recursos.