CCSS analiza “procedimiento a seguir” con contrato a cooperativas para administrar 138 Ebáis tras pesquisa de autoridades judiciales

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está tomando las consideraciones legales para una eventual continuidad o desestimación del acuerdo tomado por la Junta Directiva de la institución en julio pasado en torno a adjudicar la administración de 138 Ebáis a distintas cooperativas de salud.

A través de una consulta formulada por AmeliaRueda.com al departamento de prensa de la CCSS, se remitió una respuesta atribuida a Esteban Vega de la O, gerente de Logística y quien figura como testigo en la investigación que realiza el Ministerio Público por dicha contratación administrativa, según consta en el expediente 24-000267-1218-PE.

"En este momento, la Gerencia de Logística por medio de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, estaría haciendo la consulta a la Dirección Jurídica del procedimiento a seguir con la compra referida, a la luz de algunos elementos pendientes de resolver por la administración propios del proceso de contratación, sin que con ello sea que se esté proponiendo una u otra decisión al respecto", indicó Vega.

Según consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el concurso 2023LY-000002-0001101142 se encuentra en etapa de apelación o revocación. Para dicha compra, la CCSS destinó un presupuesto total estimado de ¢628.676 millones, monto que, según la Fiscalía, supera en ¢12 mil millones lo que actualmente se le pagan a las adjudicatarias de Ebáis tercerizados.

El procedimiento consta de diez partidas, adjudicadas en firme con base en la decisión tomada por el órgano superior colegiado de la CCSS en la sesión No. 9464, correspondiente al seis de julio anterior. 

Por esta decisión, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública acogió algunas medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Adjunta de Transparencia, Probidad y Anticorrupción (FAPTA) contra la presidenta Ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, así como la gerente general, María de los Ángeles Gutiérrez, y los directivos María Isabel Camareno, Zeirith Rojas y Johnny Gómez.

A estas personas se les ordenó el jueves anterior la suspensión de sus cargos en la CCSS por seis meses, así como el impedimento de acercarse a testigos vinculados al caso o a cualquier otro tema referente a dicha licitación.

Respecto a temas afines al funcionamiento de la Junta Directiva y la Gerencia General, en la CCSS indicaron el pasado viernes que "se informará oportunamente".

Entre tanto, en lo que respecta a material administrativa y salarial, "se procederá a realizar el análisis que corresponda" una vez que la institución sea notificada del detalle de las resoluciones judiciales con relación a la presidenta ejecutiva y gerente general, señalando del mismo modo que lo decidido se dará a conocer a su debido tiempo.