Caso Gandoca-Manzanillo está listo para ser llevado a juicio, pero apertura de celulares retrasa acusación, según Fiscalía Ambiental
Fiscal coordinador asegura que cuenta con prueba “abundante y sólida”
02/05/26 | 06:00am
Tras casi dos años de investigación, el caso conocido como “Gandoca-Manzanillo” está prácticamente listo para que el Ministerio Público presente la acusación formal. No obstante, su avance hacia un eventual juicio permanece frenado por el retraso en la apertura y análisis de evidencia digital, principalmente teléfonos celulares.
Así lo confirmó el fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta Ambiental, Luis Diego Hernández, quien explicó que el expediente ya cuenta con prueba suficiente para sostener la causa en tribunales.
“Ya prácticamente este asunto está para formular la acusación”, afirmó el funcionario en entrevista en Nuestra Voz, al señalar que la Fiscalía logró recopilar evidencia “abundante, coherente y sólida” desde etapas tempranas del proceso.
Según el fiscal, este es actualmente el principal obstáculo para llevar el caso a juicio, que ha sido el objetivo del Ministerio Público desde el inicio de la investigación.
“Hay cola para la apertura de los teléfonos. Los profesionales que realizan esta labor tienen una demanda muy alta”, indicó. “Eso es lo que prácticamente nos está atrasando para poder llevar este asunto a juicio”, concluyó.
Prueba sólida y daño ambiental acreditado
De acuerdo con Hernández, los peritajes realizados por especialistas forenses permitieron establecer que el terreno intervenido en Talamanca corresponde tanto a un ecosistema de humedal como a una zona de bosque, lo que implicaba restricciones legales para su aprovechamiento.
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Esto contrasta con actuaciones administrativas posteriores que modificaron la clasificación del terreno a un supuesto sistema agroforestal, lo que facilitó la emisión de permisos forestales que hoy están bajo investigación.
“Las conductas delictivas son palmarias, cuentan con prueba superabundante”, sostuvo el fiscal.
El caso se sigue contra cinco personas: un empresario de apellido Pacheco Dent, tres funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y un regente forestal, por presuntos delitos como prevaricato, cambio de uso de suelo, falsedad ideológica, uso de documento falso e influencia contra la Hacienda Pública.
Medidas cautelares
El avance del expediente también se vio reflejado recientemente en sede judicial. El pasado 23 de abril, el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública ordenó la suspensión de los permisos de aprovechamiento forestal otorgados en 2023 y 2024 en las fincas investigadas.
Además, dispuso otras medidas cautelares como la paralización de trámites administrativos, la suspensión de visados municipales y la clausura de un camino interno, con el objetivo de evitar mayores afectaciones ambientales y permitir la regeneración natural del bosque.
Para la Fiscalía, estas resoluciones evidencian que existe una probabilidad suficiente de delito, lo que fortalece el camino hacia la acusación.
Sin embargo, pese a este avance, el proceso enfrenta un retraso significativo debido a la falta de análisis de prueba tecnológica. Hernández explicó que la apertura de teléfonos celulares es una diligencia indispensable antes de presentar la acusación, pero enfrenta demoras por la alta demanda en el Poder Judicial.