Por caso Bancrédito, Procuraduría de la Ética Pública pide ₡57 millones de indemnización a expresidente Solís y otros cuatro acusados

La Procuraduría de la Ética Pública informó este lunes que interpuso una acción civil resarcitoria para pedir al expresidente Luis Guillermo Solís y a otros cuatro acusados del caso Bancrédito un total de ₡57.000.000 por el "daño social" causado. "Esta cantidad busca reparar el impacto causado por las decisiones cuestionadas, resaltando la importancia de proteger los bienes y recursos públicos", señalaron desde la entidad.

La semana pasada, el Ministerio Público comunicó que consiguió la apertura de juicio en contra del exmandatario y otros cuatro miembros de su Gobierno (incluyendo al vicepresidente y jerarca de Hacienda, Helio Fallas), señalados por una presunta comisión del delito de influencia en contra de la Hacienda Pública relacionada a la inyección de fondos al Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) para evitar su cierre.

Los ₡57 millones que pidió la Procuraduría de la Ética Pública fueron divididos de forma "proporcional" entre los acusados, según el ente. Al expresidente se le exigen ₡15 millones, mientras que al exministro Fallas se le exigen ₡12 millones. A los otros acusados, Sergio Alfaro (exministro de la Presidencia), Marta Cubillo (exviceministra de Egresos y Tesorera Nacional) y Mauricio Arroyo (ex subtesorero), se les exigen ₡12, ₡10 y ₡8 millones, respectivamente.

Bancrédito cerró sus operaciones en noviembre del 2018, seis meses después de que asumió el mandato Carlos Alvarado, arrastrando pérdidas patrimoniales desde al menos dos años atrás, cuando las utilidades de redujeron en un tercio respecto al año anterior.

Esto había llevado a la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) a solicitar a inicios del 2017 la reinversión de las utilidades que cerraron en  ₡282,7 millones, según informó AmeliaRueda.com en aquel momento.

El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José programará el juicio de los cinco acusados tras completar "las gestiones procesales necesarias", de acuerdo con la Procuraduría.