Cantidad de precarios en el país creció 50% desde el 2013 en más de la mitad de cantones, según informe de Contraloría

Un total de 576 asentamientos informales se localizan en 61 de los 84 cantones del país, cifra que ha crecido un 50% en la última década, según un estudio publicado por la Contraloría General de la República (CGR).

De acuerdo con el ente, alrededor de 64 mil familias habitan en condiciones de precariedad habitacional y exclusión social, para un aproximado de 183 mil ciudadanos que enfrentan tales circunstancias.

Estas personas han ocupado 303 propiedades del Estado de forma irregular, así como 273 propiedades privadas, consecuencia en parte de la "ausencia de una visión común" entre distintas instituciones gubernamentales vinculadas al sector social, así como gobiernos locales.

Por otra parte, se resaltan "limitaciones en la gestión de proyectos y escaso control sobre su evolución y prevención de reocupación tras desalojos".

Asimismo, el informe DFOE-CIU-SGP-00001-2025 denominado "Atención de Asentamientos Informales y su impacto en la Hacienda Pública" determinó que unos ¢24,7 mil millones representan el impacto económico directo al Estado por consumo no facturado de agua potable y electricidad, atención de incendios, asistencia por desalojos y otros rubros.

En ese contexto, la CGR llamó la atención hacia una mayor coordinación entre el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y los gobiernos locales en la emisión de reportes periódicos que permitan analizar la evolución de asentamientos informales

En ese orden, se requieren protocolos de respuesta inmediata y coordinación interinstitucional para intervenir ante la eventual formación de nuevos asentamientos, a través de instrumentos que posibiliten identificar oportunamente este fenómeno.

Así también, el órgano fiscalizador hizo hincapié en la necesidad de disponer de guías orientadoras para prevenir la reocupación informal de propiedades a nombre del Estado, particularmente en zonas de riesgo.

De acuerdo con el estudio, entre 2022 y 2024 se atendieron 127 incendios estructurales en este tipo de viviendas, de las cuales el 48% se ubican dentro del GAM y el 52% fuera del Área Metropolitana.