Cánones, derecho de uso y convocatoria a elecciones: los tres ejes que giran en torno a las frecuencias de radio y TV en Costa Rica

La gobernanza de frecuencias para la explotación comercial de señales de radio y televisión en el país suma un nuevo elemento tras el vencimiento de las actuales concesiones: el inicio del proceso electoral del 2026; mismo que será convocado el próximo 1 de octubre y concluirá el 2 de agosto del próximo año.

Recientemente, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en resolución No. 2267-E8-2025 del pasado 2 de abril, ordenó al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) "no implementar variaciones en el modelo de asignación de frecuencias de radiodifusión hasta que se emitan las declaratorias de elección".

Pese a esta ordenanza, el Ejecutivo mantiene su postura de elegir si extiende o no la amnistía de un año otorgada a los actuales concesionarios de frecuencias de radio y TV. Esta fue otorgada en junio anterior para evitar un apagón inminente, dado que los contratos se vencían el 28 de ese mes.

En aquella ocasión, el Gobierno anunció de forma paralela el envío de un proyecto de ley al Congreso para hacer más "justo" el canon que actualmente pagan los adjudicatarios de estos bienes públicos: ¢120 mil para televisoras, ¢3 mil para emisoras AM y ¢6 mil para frecuencias en FM, según datos oficiales amparados a la ley No. 1.758 de 1954.

Hoy, nuevamente "el fantasma" del apagón ha aparecido en medio de las críticas del Ejecutivo a los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración por no avanzar con la discusión de esta iniciativa y, con ello, responsabilizarlos en caso de suscitarse tal circunstancia.

Negociación

Si bien el Poder Ejecutivo podría no ampliar el plazo contractual de 15 meses dado el pasado 28 de junio a los concesionarios de las frecuencias de radio y TV, tampoco podría obviar la orden emitida por el TSE, por lo cual se requiere de un diálogo nacional en torno al tema, considera Luis Adrián Salazar, exministro del Micitt.

Luis Adrián Salazar, exministro de Ciencia y Tecnología

Según dijo el exjerarca a AmeliaRueda.com, una de las rutas que podría tomar el Ejecutivo en este marco de consenso y acatamiento a la ordenanza del TSE es ampliar por otro plazo más las actuales concesiones a fin de evitar un cese de transmisiones mientras se aprueban o no las prórrogas solicitadas por los interesados; o bien, instruir una nueva licitación.

Sin embargo, condicionar esta decisión al trámite legislativo de proyectos de ley sobre materia relacionada con las tarifas que, a criterio del Gobierno, no se apegan a un principio de justicia, podría traer consecuencias a las autoridades rectoras y al propio mandatario, dada la orden del TSE.

"Es muy grave que el Poder Ejecutivo no acate la observación del TSE (...) de mantenerse esta tesis, se violaría el artículo 9 de la Constitución Política que determina que el TSE es un poder de la República. Este último conflicto podría dirimirlo la Sala Constitucional", opinó Juan Manuel Campos, abogado y experto en telecomunicaciones.

Asimismo, considera que "si una autoridad ha querido sujetar cualquier prórroga a una posible modificación del impuesto que pagan los concesionarios es un acto arbitrario e ilegal, por cuanto ambas situaciones son diferentes".

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha sido enfático en endosar a los diputados la responsabilidad en torno a un eventual apagón o no de las frecuencias si el proyecto de ley No. 24.461 (presentado por el Gobierno y que establece un cobro de cánones proporcional a los ingresos brutos de los adjudicatarios) no prospera.

"Les digo a los diputados de manera muy humilde y respetuosa les digo, hagan lo correcto (...) Esto no es política electoral, esto es política pública (...) si quieren jugar el 28 de septiembre, nos vemos a ver qué pasa", sentenció Chaves el pasado 9 de abril en conferencia de prensa.

Responsabilidad compartida

Según Salazar, ciertamente los diputados tienen la responsabilidad parlamentaria de decidir cuál proyecto (si el del Ejecutivo o el No. 23.673 propuesto por el diputado liberacionista Oscar Izquierdo) avanza en torno a emitir una nueva norma para el pago de estos cánones.

No obstante, dicho trámite legislativo es indiferente a lo que decida el Gobierno en torno a cómo concesionará las frecuencias, siendo que, incluso ya el proceso para su licitación ya habría sido instruido a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), de acuerdo con Campos.

"Hay una abierta intención del Poder Ejecutivo de apagar estaciones, por cuanto, lo primero que debe de procurar es resolver las solicitudes de prórroga, y si mantiene su tesis de licitación, procurar que en el menor tiempo posible se adjudiquen los procesos que ya están en camino", comentó el abogado.