TSE: Campaña de Rodrigo Chaves usó dos estructuras paralelas de financiamiento; sospecha de 4 delitos electorales

La campaña del entonces candidato presidencial por el Partido Progreso Social Democrático (PSD), Rodrigo Chaves Robles, en 2022 contó con dos estructuras paralelas de financiamiento de la que no se reportó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) datos relacionados con captaciones y donantes, y por las cuales varios de los investigados habrían incurrido en al menos cuatro delitos estipulados por el Código Electoral.

Así se desprende de un informe emitido por el órgano electoral, según publicó el domingo el diario La Nación, que informó que una de las estructuras se administró por medio del fideicomiso "Costa Rica Próspera", mientras que la segunda por intermedio de las cuentas bancarias de Sofía Agüero, hija del diputado oficialista Waldo Agüero.

En ese contexto, el informe del TSE achaca la responsabilidad en la promoción de estas eventuales acciones de carácter ilícito, según lo normado en el Código Electoral, al hoy mandatario Chaves, así como al vicepresidente, Stephan Brunner y el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco.

Lo anterior pudo ser puesto en evidencia por el máximo ente electoral a través del levantamiento de las cuentas bancarias de las personas involucradas en la investigación, la cual hoy está en manos de la Fiscalía General de la República tras el secuestro de varios tomos del informe en sede electoral el pasado 17 de enero.

Alerta por transferencia

El diario informó además que, tres meses antes de las elecciones, el entonces candidato presidencial recibió de parte de uno de sus asesores de campaña, Emanuel Figueroa, la suma de ¢6 millones los cuales le fueron acreditados por medio de un depósito en sucursal bancaria.

El 24 de noviembre, un día después de dicha transacción a favor de Chaves, el hoy mandatario transfirió dicho monto a la cuenta del PSD, esto en calidad de crédito, movimiento del cual quedó constancia tanto en la cuenta de colones como en los reportes contables del partido.

Esta venia por parte de Chaves de captar recursos sin la autorización expresa de la tesorería del PSD lo haría eventualmente responsable de cometer varias infracciones a la luz del artículo 273 y 275 del Código Electoral.

Entre tanto, a Stephan Brunner, quien fungía como tesorero del PSD, se le achaca no haber denunciado la adquisición de recursos con activos del fideicomiso Costa Rica Próspera, mientras que al canciller André el TSE le atribuye responsabilidades como aparente administrador de dicho fideicomiso.

Asimismo, a la presidenta del PSD y actual diputada, Luz Mary Alpízar, el TSE le achaca el haber recibido donaciones en especie que al final fueron en efectivo por medio del fideicomiso en cuestión, según concluyó el TSE.

Otro nombre que figura en la investigación es el del legislador oficialista Waldo Agüero, quien podría enfrentar causas judiciales en caso de comprobarse que conociese previamente la existencia del dinero que se movió por las cuentas de su hija para financiar la campaña.

De acuerdo con la publicación de La Nación, entre ambos fideicomisos se habría administrado un total de ¢248 millones, ¢112 de ellos en "Costa Rica Próspera" y ¢136 en las cuentas de Agüero Salazar, responsable de la agenda de Chaves en el 2021.

En caso de encontrarse culpables, las personas involucradas podrían enfrentar penas que van desde los dos a los seis años de prisión, las cuales varían según los delitos.

Ronald Chacón, director del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, dijo tras el secuestro de documentos por parte del Fiscal General, Carlo Díaz, que el origen de la investigación se basó en diversas fuentes como publicaciones de la prensa, denuncias y e insumos tomados de la investigación realizada por los diputados.