“Cada colón que se le quita al OIJ o a la Fiscalía es un espaldarazo para el crimen organizado”, dice Randall Zúñiga a diputados al defender presupuesto

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, expresó ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que resulta “incomprensible” la limitación presupuestaria que, a su criterio, se le impone tanto a la policía judicial como al Ministerio Público.

Zúñiga hizo estas declaraciones en el marco de la discusión del presupuesto del Poder Judicial para 2026. Señaló que, mientras el Ministerio de Hacienda justifica los recortes en nombre de la “disciplina fiscal”, el Gobierno ha autorizado la creación de nuevas plazas en el Ministerio de Seguridad Pública.

"Quiero dejarlo muy claro. Cada colón que se le quita al OIJ y a la Fiscalía es un espaldarazo para el crimen organizado. Cada colón que se le quita al OIJ, pues de alguna manera indirecta, hace cómplices a estas personas que le quitan el dinero para que el OIJ pueda llevar estas investigaciones criminales", aseveró Zúñiga.

Por otra parte, recalcó la necesidad de recurso humano para ser destacado en puntos sensibles para el combate al narcotráfico, tales como Bahía Drake, Tamarindo y La Cruz, donde desde hace cinco años no se hace un decomiso, según dijo.

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, remarcó faltante de 134 plazas, las cuales representan un faltante del 20% del total de 600 fiscales con los que cuenta el órgano acusador.

"Con esta deficiencia estructural es que estamos funcionando y atacando la criminalidad organizada, la violencia contra las mujeres, el cibercrimen, etc.", expresó Díaz.

Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, apuntó que a pesar de que el presupuesto es "austero", es necesario para llevar acciones prioritarias para la institución como inversión tecnológica, desarrollo de infraestructura y mejoras en la seguridad de los edificios judiciales.

La dirección de planificación del Poder Judicial expuso la necesidad de reforzar con recurso humano a la Sala Constitucional, "Tribunales Peninsulares" en Puerto Jiménez, despachos penales, custodia de detenidos, jurisdicción especializada para pueblos indígenas, personal en el Departamento de Trabajo Social y Psicología, entre otros.

Por otra parte, se habló sobre la necesidad de personal para la ejecución de leyes como la de justicia restaurativa, bienestar animal y Código de Familia, para un aproximado de 1.738 plazas necesarias carentes actualmente de contenido presupuestario.

El presupuesto para el Poder Judicial establecido por el Ministerio de Hacienda es de ¢532.837 millones, 0,2% más respecto de lo aprobado el año anterior.