
Juez señala grave afectación a personas que utilizan este medio de transporte para trabajar o movilizarse
11/08/26 | 14:26pm
Las acciones operativas de la Policía de Tránsito enfocadas en el control de las bicimotos y la solicitud de requisitos para su uso, así como la posibilidad de decomiso, quedan totalmente suspendidas mientras se resuelve el proceso judicial en trámite en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Así lo decidió el juez Alcevith Godínez el pasado 6 de agosto, en la resolución No. 2026005357, la cual extendió la medida cautelar avalada de manera provisionalísima en junio anterior.
La resolución se da tras la petición presentada por Roberto Suárez, representante legal de Todo Motor y de los conductores de bicimotos, quien denunció las acciones de la Policía de Tránsito en cuanto a la solicitud de requisitos para este grupo de conductores.
"Ya se dictó la medida cautelar definitiva, ya los conductores de bicicletas gaso-asistidas por lo menos tienen un respiro para andar tranquilos mientras se resuelve el proceso de fondo. ¿Cuánto se va a durar resolviendo el proceso de fondo? Pueden pasar muchos años.
"El proceso tiene apariencia de buen derecho y además de eso tiene apariencia de que va a causar daño a una gran cantidad de la población", dijo Suárez.
Roberto Suárez - representante de Todo Motor
El juez declaró con lugar las peticiones del proceso:
La petición de medidas cautelares y del proceso judicial se inició tras las acciones en carretera de los oficiales de Tránsito al solicitar licencia, placas, marchamo e inspección vehicular a los conductores de bicimotos.
El juez a cargo del expediente judicial señaló en su análisis que para determinar la extensión de la medida cautelar durante todo el proceso se tomaron en cuenta los argumentos presentados por las autoridades, así como la posible afectación a terceros.
La resolución explica que tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) respondieron ante el proceso judicial en su contra, manifestando que rechazaban la posibilidad de extender la medida cautelar y explicando que los controles en carretera no representan una nueva regulación, sino que basan en lo estipulado en la Ley de Tránsito desde 2012.
Las autoridades explicaron que el documento emitido por Operaciones Policiales del Tránsito, que dio pie al inicio de los controles de las bicimotos en carretera, era un oficio con instrucciones generales y no creó nuevas obligaciones.
“El oficio impugnado (CARTA-MOPT-DVT-DGPT-OPT-2026-1022) no es un reglamento ni crea obligaciones nuevas, sino que es una instrucción sustentada en el Principio de Legalidad dirigida a los cuerpos policiales para exigir el cumplimiento estricto de la ley, tampoco está imponiendo sanciones per se.
“… el oficio impugnado no innova el ordenamiento jurídico. La CARTAMOPTDVT-DGPT-OPT-2026-1022 es una instrucción administrativa interna que no crea una categoría jurídica nueva, no reforma la Ley 9078, no modifica ningún reglamento o decreto ejecutivo. Solamente se limita a recordar al personal policial su deber de aplicar de manera uniforme la normativa vigente desde el año 2012”, respondieron las autoridades en el proceso.
Pese a esto, el juez sí determinó de manera preliminar que la aplicación de la legislación, sanciones o decomisos debe estar debidamente reglamentado.
Ante esto se decidió mantener las acciones operativas suspendidas hasta tanto no concluya el proceso judicial, lo cual podría tardar años.
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La decisión de mantener durante todo el proceso las medidas cautelares solicitadas se toma al determinar que avalar las sanciones y decomisos sin tener las reglas claras podría generar graves daños y perjuicios a terceros, tomando en cuenta que las bicicletas gaso-asistidas se han convertido en un importante medio de transporte y fuente de trabajo para miles de personas
“Este juzgador si advierte una afectación de mayor gravedad al interés privado y de terceros, pues como puede verse es un hecho notorio, evidente y manifiesto, que dicho medio de transporte (bicicletas gaso-asistidas), se han convertido en el medio de transporte para los ciudadanos de escasos recursos económicos y que son de uso para trasladarse a sus centros de trabajo.
“Es decir, no que se pretende por medio de esta medida cautelar ponerle freno a la Administración para ejercer los deberes que se estipulan en la Ley de Tránsito, pero que, si se tomen las previsiones en aplicar las sanciones a dichos vehículos (bicicletas) de acuerdo a la reglamentación de los mismos, pues el legislador no incorporó dentro de las bicicletas electro asistidas las gaso-asistidas”, señala el fallo emitido de manera reciente.
Ante esto, se determina que la petición para extender las medidas cautelares y mantenerlas durante todo el proceso judicial sí cumple con las condiciones básicas establecidas y se declara con lugar “en todos sus extremos” lo solicitado por Todo Motor S. A. y su representante legal.
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