Banco dio “facilidades” para que dinero ilícito de expresidente de Perú entrara a Costa Rica: Fiscalía

El banco privado Scotiabank dio "muchas facilidades" y violentó las normas antilavado para que el dinero —producto de sobornos— recibido por el expresidente peruano Alejandro Toledo ingresara a Costa Rica, concluyó la Fiscalía en sus diligencias sobre el caso que recientemente fue resuelto en un juzgado local.

Según informó este lunes el Ministerio Público, el pasado 28 de abril el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda condenó a la sociedad Ecostate Consulting Group S.A. a trasladar al Estado costarricense más de $6,6 millones, pues no pudo probar que su procedencia fuera lícita.

Según explicó Olger Calvo Calderón —fiscal coordinador de los casos sobre legitimación de capitales—, el caso se remonta al año 2013, cuando se inició una investigación tras la denuncia que un banco privado costarricense tenía fondos "que habían ingresado producto de una actividad delictiva" relacionada a Toledo.

El dinero era "producto de una coima o un soborno que recibió este expresidente producto de la concesión del proyecto vial interoceánico entre Perú y Brasil, y que estaba relacionado también con todo el caso de megacorrupción que salpicó a muchos países de América Latina, conocido como Odebrecht", continuó el fiscal.

Odebrecht es una constructora brasileña acusada de sobornar a funcionarios de una docena de países de América Latina para obtener beneficios en contrataciones públicas. Toledo, quien fue presidente del Perú entre 2011 y 2006, fue acusado por supuesta corrupción y lavado de dinero, y permanece en prisión preventiva en su país.

Algunas de las coimas que habría recibido Toledo fueron a parar a Costa Rica. La Fiscalía investigó unos $20 millones que "estaban vinculados tanto al expresidente Alejandro Toledo como a sus personas más cercanas, parientes y personal de confianza que le colaboró a él durante su Gobierno", detalló Calvo.

Esa investigación determinó que "la entidad financiera costarricense que tenía en ese momento la custodia de los recursos dio muchas facilidades, violentando las normas antilavado para que estos dineros ingresaran a Costa Rica, que después fueron diversificados hacia otros países u otro tipo de inversiones", dijo el fiscal.

Tras llevarse el caso ante la justicia en 2020, este pasado abril se determinó que la demanda tenía lugar y que al Estado costarricense le corresponde dejarse la suma de más de $6,6 millones cuyo origen no pudo ser justificado por los titulares de la cuenta en el Scotiabank, lo que se entiende como legitimación de capitales.

El dinero quedará en manos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).