
Señala que la entidad deberá realizar fiscalización posterior y así generar “un modelo más ágil”
05/08/26 | 09:57am
La bancada oficialista presentó un proyecto de ley que propone “redefinir el papel” de la Contraloría General de la República (CGR) y quitarle las funciones de control previo que actualmente tiene para la ejecución de obras, contratos y presupuestos.
Se trata del expediente legislativo 25.692, que promueve una reforma constitucional al articulo 184 de la Constitución Política “para modernizar el sistema de control fiscal y transitar hacia un modelo de fiscalización ex post”.
La propuesta fue desarrollada por la oficialista Mayuli Ortega y cuenta con el apoyo de 16 de sus compañeros de su fracción.
En el texto se reconoce la importancia que ha tenido en ente contralor en la vigilancia de la hacienda pública, pero agrega que es necesario generar cambio.
“… el mundo contemporáneo exige que los Estados desarrollen modelos de supervisión financiera pública que privilegien la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación de resultados.
“El modelo vigente en Costa Rica -que exige la aprobación previa de los presupuestos y el refrendo de los actos y contratos por parte de la Contraloría- tiene virtudes reconocidas: ha permitido ejercer un control preventivo firme sobre el uso de los recursos públicos. No obstante, también presenta costos crecientes en términos de demoras administrativas, rigidez operativa y duplicación de esfuerzos entre el control interno de cada entidad y el refrendo externo. En la práctica, la exigencia de autorización previa de numerosos actos contrata la capacidad de respuesta del Estado, reduce la agilidad de compras públicas y obras, y puede derivar en una gestión defensiva más que en una gestión de resultados”, explica la legisladora.
La reforma constitucional promueve la fiscalización posterior a la ejecución de los actos, contratos y presupuestos al dar como ejemplo la experiencia de otros países.
Para la fracción oficialista el proyecto “no debe interpretarse como una renuncia al control, sino como una evolución madura del mismo, que permite enfocar los recursos de supervisión en auditorías de desempeño, investigaciones de gestión y evaluaciones de resultados, en lugar de bloquear la ejecución por controles previos extensos”.
El cambio señala la necesidad de redefinir el papel de la CGR y que pase de ser un órgano aprobador y preventivo a un órgano rector de la auditoria posterior.
“Este tránsito permitirá que la CGR concentre sus esfuerzos en revisar los sistemas de control interno, los grandes riesgos fiscales, los contratos de alto impacto y las evaluaciones de programas, en lugar de intervenir en cada acto administrativo antes de su ejecución”, menciona el proyecto al resaltar que la propuesta respeta los principios de legalidad y eficiencia y descartar que el cambio debilite la supervisión de la Hacienda Pública.
La reforma planteada elimina la acción de refrendo o aval contralor para el inicio de un acto (proyecto o presupuesto) y señala la fiscalización posterior.
“La transición hacia un sistema de control ex post representa una modernización profunda del Estado costarricense. No implica reducir el control, sino hacerlo más inteligente, más oportuno y más eficaz, centrado en resultados y responsabilidad”, agrega el texto que al representar una reforma constitucional requerirá el apoyo de 38 diputados.
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