Avanza en el Congreso proyecto de ley para explotar oro en Crucitas
Proyecto propone obligatoriedad a concesionarios de transferir 7% de ventas brutas al Estado
10/09/25 | 19:49pm
Los diputados de la Comisión de Alajuela dictaminaron positivamente por mayoría el proyecto de ley que busca regular la actividad minera a cielo abierto en Cutris de San Carlos, con el voto de ocho diputados a favor y uno en contra, este último por parte de la diputada Priscilla Vindas (FA).
Los legisladores lo avalaron este miércoles luego de una discusión por el fondo que en la que se barajaron varios aspectos relacionados con la seguridad y la sostenibilidad ambiental y económica de esta actividad.
Vindas afirmó no estar de acuerdo con el proyecto al no hacer un llamado al Poder Ejecutivo para que fortalezca la presencia de la Fuerza Pública, de Fronteras y Migración en la comunidad, además de afirmar que es "falaz" decir que con este proyecto se combatiría la minería ilegal.
En julio anterior, dicha diputación presentó el proyecto de ley No. 24.675 para la recuperación sostenible de Crucitas y la creación del Polo de Desarrollo de la Región Huetar Norte de Costa Rica, justificado en aquel momento como una alternativa rentable sin minería en esa localidad.
El presidente de la Comisión, José Pablo Sibaja (Nueva República), indicó el martes en el programa Nuestra Voz que se mostró esperanzado de que el proyecto cuente con un buen ambiente en el Plenario.
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Por su parte, el diputado representante de la provincia de San Carlos, José Joaquín Hernández (Liberación Nacional), enfatizó en que "esta opción es mejor de lo que tenemos en el momento", enfatizando en problemas de contaminación y delincuencia.
Tras el dictamen del proyecto continuará su camino legislativo a la espera de que sea incluido en la agenda parlamentaria para su discusión en el Plenario.
El expediente No. 24.717, presentado por el Poder Ejecutivo en noviembre anterior, tiene por objeto autorizar, regular y fiscalizar la exploración y explotación de la minería metálica sostenible a cielo abierto exclusivamente en el distrito de Cutris de San Carlos, conforme a principios de desarrollo sostenible y aplicación de mejores prácticas internacionales.
"Esta autorización responde a la necesidad urgente de detener y revertir el grave daño ambiental, social y económico provocado por la minería ilegal en dicha zona, así como de permitir un aprovechamiento racional de los recursos minerales del Estado, bajo estrictas condiciones de sostenibilidad ambiental y responsabilidad empresarial", señala el texto.
Como parte del proceso de consulta a diversas entidades en el marco del análisis del expediente, autoridades ambientales y de seguridad pública han encendido las alarmas en aspectos como la sustracción de recursos naturales costarricenses por parte, en buena mayoría, de extranjeros para su ilegal aprovechamiento.
Asimismo, en su momento el Ejecutivo solicitó a los diputados la dotación de recursos para ser trasladados a los cuerpos policiales compuestos por más de 300 efectivos que resguardan la zona, donde se invierten aproximadamente ¢30 millones en dichas labores.
Así también, se ha advertido de la suma de $2.700 millones que quedarían en manos de mineros ilegales en caso de no aprobarse el expediente, monto calculado a partir de la existencia de más de un millón de onzas de oro en uno solo de los sitios identificados por las autoridades con la presencia de este metal.
En ese orden, el proyecto obliga a los concesionarios a transferir el 7% de sus ventas brutas al Estado, del cual el 2% se destinaría para la Municipalidad de San Carlos, a fin de solventar necesidades urgentes como garantizar la potabilidad del agua dada la contaminación por mercurio del vital líquido en las zonas cercanas a las minas.
El proyecto fue impulsado por el Gobierno luego de que en junio de 2024 el país ganó el laudo internacional a la firma canadiense Infinito Gold, la cual reclamaba un total de $394,8 millones a Costa Rica por la cancelación del proyecto de explotación de oro en Crucitas, autorizada en la segunda administración Arias Sánchez (2006-2010).