
Informe dio a conocer múltiples debilidades de la entidad en cuanto al control y destrucción de las fracciones no vendidas o devueltas
12/05/26 | 16:58pm
Un informe de Auditoría de Carácter Especial realizado por la Contraloría General de la República (CGR) revela múltiples debilidades e incumplimientos de la Junta de Protección Social en cuanto a los controles que se aplican a la lotería no vendida o devuelta.
Entre los hallazgos se detectó el pago de premios por fracciones de lotería que habían sido reportadas como no vendidas y destruidas.
Esta no se trata de una situación habitual, pero refleja el descontrol de los sistemas y registros de la entidad.
“Se identificó que la JPS pagó premios por fracciones de lotería que habían sido reportadas como no vendidas. Pese a estar bloqueadas en el sistema y reportadas como destruidas, dichas fracciones fueron reactivadas después del sorteo para permitir el reclamo del premio”, señala el informe DFOE-BIS-IAD-00001-2026 emitido el pasado 30 de abril de 2026.
Fueron en total 67 las fracciones detectadas con esta condición (reclamo de premio pese a reporte de no vendidas al momento del sorteo).
Este pago irregular fue denominado de “escasa cuantía” (¢194 mil) pero se señala que esta situación “representa la materialización de un riesgo que se viene presentando de forma recurrente en los últimos años”.
La CGR hizo una revisión de los controles aplicados por la JPS para la gestión de la lotería no vendida o devuelta.
El análisis abarcó todos los “procesos de recepción, custodia, invalidación en los sistemas de información, destrucción física y reactivación de billetes” y se tomó en cuenta el cumplimiento o no del “marco normativo y técnico aplicable, con énfasis en la oportunidad de la destrucción, la formalidad de las actas y la gestión de riesgos tecnológicos y operativos”.
Los datos analizados fueron del período que comprende junio del 2023 a diciembre del 2025, lo que equivale a 358 sorteos de lotería popular y nacional.
En la Contraloría resaltan que una gestión adecuada de la lotería no vendida o devuelta es muestra de transparencia por parte de la Junta de Protección Social (JPS) y su proceso de custodia y destrucción es fundamental para evitar fraudes.
“Un control efectivo disminuye el riesgo de cobro posterior de billetes no vendidos, acción que protege los recursos destinados a los programas de bien social. Además, la transparencia y trazabilidad en este proceso resultan fundamentales para mantener la confianza pública en la integridad de los sorteos de la Lotería Nacional y Popular”, explica el informe al revelar que tras la revisión realizada se detectaron múltiples inconsistencias.
“Los controles aplicados por la JPS al proceso de la lotería no vendida presentan incumplimientos de aspectos significativos del marco normativo y técnico aplicable. Aunque la destrucción física en bóveda se realiza a tiempo, se detectó la ausencia de firmas válidas como soporte de las actas de destrucción, que afecta tanto a la lotería en consignación como a la no colocada.
“Estos hallazgos, sumados a debilidades en la seguridad física de sedes regionales y la escasa gestión de riesgos, comprometen la certeza jurídica de la destrucción y la capacidad de la administración para rendir cuentas respecto a la trazabilidad de la lotería no vendida y la prevención de pagos indebidos”, concluye el informe.
Entre los hallazgos se revela que la destrucción física de la lotería en consignación se realiza con retrasos de hasta 27 días después del sorteo, que una gran mayoría de las actas carecen de firmas digitales válidas, que no existe un protocolo de revisión de autenticidad del billete de lotería para detectar lotería falsa y que en las sedes y centros de acopio externos carecen de sistemas de videovigilancia para la fiscalización de los procesos.
“La lotería, al constituir un título valor al portador, representa un riesgo inminente de sustracción y cobro fraudulento de premios cuando, una vez registrada contablemente como "no vendida", carece de una destrucción o invalidación eficaz antes de conocerse los resultados del sorteo.
“Por tanto, la integridad de este proceso funge como la principal barrera de defensa institucional para asegurar el pago de premios únicamente sobre la lotería efectivamente vendida, como garantía de legitimidad ante compradores de buena fe y en resguardo de las utilidades que financian a más de 500 programas sociales”, menciona el informe de la CGR.
Los resultados evidencian que existen riesgos de fraude por debilidades en la formalidad de las actas y el control de la lotería en consignación, hay deficientes condiciones de seguridad para la compra de excedentes en sedes regionales, debilidades en los procesos de conteo y escaneo electrónico de la lotería devuelta e incongruencias en la aplicación de controles para el recibo de los excedentes de lotería.
Ante esto, el informe emite diversas recomendaciones al detectar los incumplimientos del proceso y los controles insuficientes, así como el riesgo que representa para la JPS, entre los cuales se mencionan: “riesgos de reputación, fraude, integridad y financieros”.
Desde la Contraloría se pide a la Junta corregir de manera oportuna todos los señalamientos, e incluso, en el caso de la lotería que se pagó pese a que se registraba como no vendida al momento del sorteo, se solicitó la apertura de una investigación interna.
“La CGR dispuso a la JPS formalizar un procedimiento de investigación interna para este tipo de casos, el cual deberá determinar la ruta de custodia del billete, identificar responsables y activar las acciones ante instancias administrativas o judiciales cuando corresponda”, informó la Contraloría al asegurar que la entidad se encuentra vigilante del cumplimiento de las disposiciones y que es responsabilidad de la JPS tomar las acciones que corresponden para sentar responsabilidades.
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