“Atrasos alarmantes” en expropiaciones y apelaciones encarecen costo de obras públicas, alerta Cámara de la Construcción

Los procesos licitatorios de obra pública en el país han experimentado un importante rezago en el último año producto de procesos como expropiaciones o reubicación de asentamientos, así como apelaciones, impactando negativamente la eficiencia de los proyectos y el aumento de costos generales.

La anterior es una de las conclusiones del estudio "Matriz del estado de la Preingeniería 2024 en proyectos de infraestructura de transporte", dado a conocer este jueves por la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), en el que señalan desafíos importantes en etapas tempranas de las obras, a fin de evitar retrasos y otras consecuencias derivadas.

"Los resultados confirman que los proyectos que iniciaron su construcción sin tener la preingeniería completa obtienen resultados en costo y plazo muy lejanos a los resultados esperados", menciona Carlos Trejos, presidente de la CCC, enfatizando en que el país aún no alcanza los niveles de avance requeridos para el desarrollo de infraestructura pública.

Reflejo de las falencias en estas etapas son, por ejemplo, las obras "Ruta 1 - Barranca -Limonal" y el denominado "Tren Rápido de Pasajeros", este último reiniciado sin que haya una explicación en cuanto al aprovechamiento de las inversiones previamente realizadas, según el estudio.

"El Consejo Nacional de Concesiones no ha presentado avance en los proyectos que gestiona, y más bien, en el período actual, presenta un retroceso producto de que se frenaron las iniciativas que estaban activas. Esto evidencia el desmantelamiento que sufre esta institución y el total desinterés de las tres últimas administraciones por los proyectos concesionados", determina el análisis.

Mauricio Batalla, ministro del MOPT, admitió el pasado lunes ante los diputados de la Comisión Especial de Infraestructura que las expropiaciones y litigios interpuestos por constructoras se traducen en retrasos para la conclusión de obras claves. Crédito: Asamblea Legislativa

"Mas abogados que ingenieros"

En una comparecencia, a inicios de semana ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Mauricio Batalla, admitió que los procesos de apelación han impactado en la entrega de obras, así como en la erogación de recursos para efectos de defensa y conciliaciones.

"Aquí hay empresas que, como empresas constructoras son excelentes bufetes de abogados. Todas las que han construido en los últimos 30 años han tenido la capacidad de contratar y pagar un ejército de abogados mucho mayor a los que hay en el MOPT y el Conavi; así que tratamos de evitar este tipo de problemas agilizando y teniendo una gerencia mucho mejor", indicó Batalla.

Asimismo, el jerarca reconoció que los procesos de expropiación, cuya resolución puede alcanzar los 10 años en caso de tramitarse por la vía Contenciosa Administrativa, son cuellos de botella que han retrasado obras de importancia como la ruta entre San José y San Ramón, así como la ampliación de la vía hacia el Caribe.

Justamente las particularidades de esa obra motivaron a la diputada liberacionista Katherine Moreira presentar un proyecto de ley que se tramita bajo el expediente No. 24.183, el cual pretende una reforma a la legislación sobre expropiaciones.

Tal iniciativa adiciona un artículo que dicta que, en los casos donde la administración lo considere necesario, se pueda solicitar al inicio del proceso de expropiación ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda la toma de posesión temprana sobre el bien y, con ello, la autorización para el inicio de las obras.