Para dar atención médica prioritaria a reclusas, cárcel de mujeres Vilma Curling debe incorporar médico y enfermera ginecobstetra, ordena Sala IV

La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Justicia y Paz incorporar un médico y una enfermera ginecobstetra en el Centro de Atención Institucional (CAI) Vilma Curling Rivera, en Desamparados, para garantizar la atención médica prioritaria de las reclusas. 

Esta medida responde a un recurso de amparo presentado por una reclusa que denunció la falta de atención adecuada a sus padecimientos de salud.

La recurrente, quien se encuentra en el Módulo N° B-1 del CAI Vilma Curling Rivera, sufre de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y otras condiciones médicas que requieren atención prioritaria. Sin embargo, ha señalado que las órdenes previas de los jueces de ejecución de la pena para garantizar dicha atención "no han sido cumplidas adecuadamente". 

La médica institucional enfrenta una alta demanda de servicios médicos y debe atender tanto a la población privada de libertad como a los recursos de amparo interpuestos por las reclusas, lo que "limita su capacidad para brindar atención prioritaria".

Además, la recurrente indicó que es difícil obtener salidas médicas de emergencia debido a la falta de unidades móviles y custodios policiales en el centro penal. También reclamó la falta de tanques de oxígeno, esenciales para tratar su patología, y la ausencia de un obstetra en el CAI desde hace tres años, lo que ha sobrecargado aún más a la doctora de la cárcel.

La Sala Constitucional falló parcialmente a favor de la reclusa y ordenó al ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos; al director del CAI, Andrés González, y a la jefatura de Servicios de Salud del centro, Marcela Gálvez, adoptar "las medidas necesarias" para dotar al centro penitenciario del personal médico en un plazo de seis meses. Además, deben proporcionar tanques de oxígeno. 

La resolución advierte que el incumplimiento de esta orden implicará "consecuencias legales por desobediencia", incluyendo posibles penas de prisión de tres meses a dos años o multas de veinte a sesenta días. Asimismo, se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de estos hechos.

Esta decisión, según los magistrados, busca asegurar que las reclusas del CAI Vilma Curling Rivera reciban la atención médica debida para sus necesidades específicas de salud.