Área impactada por extracción ilegal de oro en Crucitas pasó 900 a 3.000 hectáreas, denuncia ante diputados ministro de Seguridad
Alerta por destrucción y alteración de mojones que definen frontera entre Costa Rica y Nicaragua
16/02/26 | 16:55pm
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, denunció este lunes ante el Plenario Legislativo que el área impactada por la extracción ilegal de oro en Crucitas pasó de 900 a 3.000 hectáreas en los primeros meses del año, lo que representa un alto riesgo para el país y la invasión de coligalleros.
Los datos fueron expuestos por el jerarca ante el Congreso, quien aseguró que es urgente tomar decisiones para intervenir la situación que se vive en la frontera norte de Costa Rica.
Zamora dijo que se detectó un desplazamiento de los coligalleros a lo largo de 70 kilómetros y denunció que el crimen organizado financia dichas acciones ilegales de extracción de oro.
“Anteriormente la extracción de oro estaba focalizada esencialmente en la zona de Crucitas, en lo que conocíamos como la finca Vivoyet y el cerro Fortuna, era esencialmente la zona de 900 hectáreas donde se daba este proceso de extracción ilegal de oro que pertenece a todos los costarricenses.
“Lamentablemente en este año se ha incrementado la explotación hacia el cerro Las Conchuditas y a lo largo de ese terreno es donde también se da la construcción y hemos ubicado más de 132 piletas en las que se ubicaba justamente estos nuevos modelos de extracción. Es decir, es una actividad que ha aumentado de forma exponencial el área impactada, pasando inicialmente de 900 hectáreas a más de 3.000 hectáreas en este momento”, dijo Zamora.
El ministro denunció ante los diputados que actualmente se registran nuevas técnicas de extracción del oro, que son más contaminantes, afectan más el bosque primario y a su vez permiten a los coligalleros extraer una mayor cantidad de oro en complicidad, según el jerarca, con empresas ubicadas en la frontera del lado de Nicaragua, con quienes no se tiene comunicación formal sobre la situación, reconoció Zamora.
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“Este fenómeno afecta, no sólo la soberanía ecológica de nuestro país, sino también la soberanía en términos generales de nuestra nación, ya que el 90% de los coligalleros son ciudadanos extranjeros, esencialmente nicaragüenses que cruzan la frontera para participar de este ilícito”, manifestó el jerarca.
Desde el Ministerio de Seguridad Pública aseguran que tienen 200 policías destacados en la zona para intentar contener la problemática, operativo policial que cuesta ¢500 millones al mes.
Los oficiales son quienes mantienen a diario la vigilancia, los recorridos, decomisos, destrucción de túneles, e incluso, de manera reciente se observó que los coligalleros también se han dedicado a destruir o alterar mojones que definen la frontera entre países.
“Esto lo hacen con la intención de poder escapar de mejor manera cada vez que sienten la presencia de patrullaje de la Fuerza Pública en el sector, sobre todo los mojones 3, 8 , 10 y 11, que en este momento son inexistentes, es decir, han sido alterados, han sido sacados de su sitio de ubicación oficial y destruirlos presumiblemente”, dijo Zamora al explicar que ya realizaron el reporte que corresponde a las autoridades para volver a colocar los mojones y formalizar la línea fronteriza.
Al finalizar la exposición sobre la situación que se vive en Crucitas, el ministro de Seguridad pidió ante los diputados aprobar el proyecto de ley que permite reactivar la minería en la zona, lo cual generó las críticas de algunos diputados, quienes aseguran que la nueva legislación no representa la solución inmediata a la problemática que se vive con la presencia de coligalleros y que se deben mejorar los controles en la zona y establecer puestos de control para evitar que la actividad ilegal siga creciendo.
Riesgo futuro
Durante la comparecencia, el ministro de Seguridad dijo que es urgente tomar acciones y decisiones sobre el futuro de la zona norte al manifestar que el país está a las puertas de una “ola migratoria” que representaría el ingreso irregular de entre 10.000 y 15.000 nicaragüenses.
“Voy a hacer la siguiente descripción de un riesgo futuro de alto impacto sobre nuestro país, cuando las empresas chinas ubicadas en el borde fronterizo a las cuales se les ha otorgado 10 kilómetros de frontera empiecen a explotar de manera monopólica el oro, y los miles de ciudadanos nicaragüenses que en esa zona de ese país no tengan fuentes de empleo, es predecible una ola migratoria sobre nuestro territorio que todavía generaría mas daño del que hemos conocido hasta el día de hoy.
“Esto que acabo de decir, esta frase que acabo de decir, que quede asentada en el Plenario Legislativo para que, si algún día nos pase, estemos todos enterados de este aviso, esto no es jugando, es en serio, la posibilidad de tomar acciones es en este momento antes de que el cáncer de la minería nos termine afectando a todos”, dijo Zamora.
Para el ministro, el proyecto de ley pendiente de aprobación sí vendría a representar un impacto positivo inmediato, ya que la empresa que sea adjudicada para la explotación minero deberá tomar acciones de resguardo y seguridad del territorio desde el día 1.
“Sería un cambio radical porque el momento de la adjudicación, que es lo que algunos señores diputados tal vez no entienden, no es en el momento final cuando la operación esté en ejecución. Desde el momento de la adjudicación a una empresa, esa empresa empezará con el cerramiento perimetral del lugar, empezará a poner orden justamente en donde se va a dar la futura explotación minera, entonces casi desde el primer año ya empezaríamos a ver efectos en la zona”, agregó el jerarca al asegurar que dicha empresa también tendrá la responsabilidad de colocar seguridad privada para resguardar el terreno adjudicado para la explotación.