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Funcionarios de la Cruz Roja se apersonaron este martes al Congreso para presenciar la aprobación en segundo debate del expediente 23.500. Crédito: Cruz Roja Costarricense

Aprueban ley que autoriza al Estado a generar mecanismos para garantizar la sostenibilidad financiera de la Cruz Roja

Institución tiene casi 140 años de servir al país

14/01/25 | 17:55pm

Este martes la Asamblea Legislativa votó en segundo debate el proyecto de ley No. 23.500 denominado "ley de la Cruz Roja Costarricense", con el cual se brindan herramientas legales al Estado para dar soporte económico a la institución.

Lo anterior se plasma en el artículo décimo del texto, el cual faculta al Estado a promover, impulsar y fomentar el desarrollo de la Cruz Roja Costarricense a través de mecanismos como convenios de cooperación con instituciones de Gobierno o alianzas público-privadas a fin de garantizar su sostenibilidad financiera y modernización de su infraestructura.

Por otra parte, ese mismo numeral autoriza a las municipalidades a donar a la Cruz Roja un porcentaje de lo recaudado por el Impuesto de patentes u otras fuentes de ingreso, a fin de destinarse a gastos operativos, compra de materiales, renovación de la flota vehicular y pago de planilla.

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Así también, en caso de presentarse una emergencia nacional declarada por el Poder Ejecutivo, la Cruz Roja podrá reportar las afectaciones que sufra producto de la atención de esta al plan de reconstrucción, garantizando contar con los recursos para continuar brindando sus operaciones humanitarias.

Se le otorga además la declaratoria de utilidad pública, con lo que se acredita su idoneidad para el manejo de fondos públicos.

La ley de la Cruz Roja incluye además un apartado de autorizaciones a instituciones públicas y empresas privadas para el otorgamiento de permisos con goce de salario a voluntarios del cuerpo de socorro para la atención de emergencias o desastres, previa inclusión del personal ad honorem en la base de datos de los distintos Comités, y lo cual será regulado vía reglamento.

El proyecto, presentado por la diputada liberacionista Kattia Rivera en diciembre del 2022, fue incluido dentro de la agenda del Ejecutivo a finales del año anterior para ser discutido en sesiones extraordinarias.

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